Sánchez crea un comité en Moncloa para censurar lo que no sea la verdad oficial

En esto, también, Pedro Sánchez se ha autoenmendado a sí mismo. De prometer derogar la llamada ley mordaza del PP, que según el Gobierno progresista era en realidad una puerta abierta a la censura, Moncloa ha lanzado este jueves su propio plan contra la desinformación -las llamadas fake news-, en el que ha camuflado un proyecto mucho más ambicioso.

Es más, la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo ha utilizado el propio Boletín Oficial del Estado para poner negro sobre blanco sus objetivos, una carpeta en la que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha jugado también un papel determinante.

La redacción del BOE no puede ser más perturbadora. Así, el Gobierno se lanza a promover "acciones" para "apoyar el fomento de la información veraz, completa y oportuna". Que el Ejecutivo obligará a que proceda de "fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las administraciones".

Extracto de la orden ministerial firmada por Presidencia este jueves.

Además, el Ejecutivo pretende imponer una "metodología" para desenmascarar lo que, a su juicio, son "eventos desinformativos". Más inquietante aún, para esa tarea desde el ámbito gubernamental se creará una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación

Pero todavía hay más. El departamento de Carmen Calvo ha previsto que haya organismos públicos dedicados de forma específica a liderar esta tarea controladora.

No serán cualquiera: el Consejo de Seguridad Nacional, en el que están presentes PSOE y Podemos; un Comité de Situación; la Secretaría de Estado de Comunicación, bajo el mando de Iván Redondo; otra denominada Comisión Permanente contra la Desinformación; y por último, "las autoridades públicas competentes". Todo ello conformaría este nuevo Ministerio de la Verdad.

La orden que publica este jueves en el BOE firmada por el Ministerio de Presidencia que dirige Calvo justifica esta decisión en "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" como es el acceso a la información veraz.

En esta línea, la orden señala que la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. "Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada" de las propias fake news.

El propio BOE establece las "autoridades competentes" para el control de la información.

El Gobierno pretende que, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia, la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

"Transparencia... y secreto"

Según ha justificado públicamente este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, "vivir en una sociedad transparente es un valor siempre". Pero, paradójicamente, a la vez ha reconocido que hay materias que "por su propia naturaleza, tienen que tener un componente de secreto".

Sánchez, en una de las numerosas ruedas de prensa que ofreció durante el estado de alarma sin admitir preguntas de los periodistas.

"En el mundo hay una serie de enemigos que hay que tener conocimiento de ello. Pero como norma fundamental en un país democrático la transparencia es esencial, y eso implica rigor a la hora de hacer operaciones, a la hora de informar y ser conscientes de que hay materias que no pueden tener una difusión", ha tratado de explicar la polémica medida.

La oposición se planta

Pero este plan del Gobierno ha puesto en alerta a los partidos de la oposición. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de lanzar un "ataque intolerable a la democracia".

Por su parte, Vox ha criticado el plan que ha bautizado también como "Ministerio de la Verdad" y que cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.

También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa.

"No, España es una democracia avanzada, un país donde se respetan los derechos fundamentales, donde se respeta la libertad de expresión, ideológica, de prensa y de información" y donde "los excesos de estas libertades se corrigen con lo que dice el Código Penal cuando se cometen injurias, calumnias y el resto de delitos de expresión", y "en ese marco hay que moverse", ha advertido.