Catedráticos y juristas pulverizan el plan anti-bulos de Sánchez : "Inquietante"

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han vuelto a concitar la reacción unánime contra uno de sus proyectos políticos. Como ocurrió con su intentona de reforma del CGPJ, su plan contra las fake news ha puesto en máxima alerta a los editores, las asociaciones de periodistas y hasta la propia Comisión Europea. Pero también a los juristas, que alertan de la amenaza liberticida que la hoja de ruta publicada por el ministerio de Carmen Calvo en el BOE oculta.

Carlos Vidal, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ha explicado a Europa Press que se trata de "una especie de protocolo de actuación frente a las noticias falsas, no de una norma ejecutiva", por lo que no genera por sí misma una vulneración de derechos fundamentales, si bien estima que "apunta en una dirección que no es la adecuada".

"Controlar la información errónea o las noticias falsas no me parece un disparate, siempre que se haga para contrarrestarla con una información veraz, pero si se hace para intentar que esa información no se difunda, eso no lo pueden hacer ni el Gobierno ni la administración, sino que tendrán que ser los jueces y tribunales quienes valoren si esa información es dañina", argumenta este experto.

Vidal subraya que ese tipo de control de la información debe implicar una intervención judicial, porque de lo contrario podría dar lugar a "una especie de censura previa de algunas informaciones que no está permitida por la Constitución". "Es inquietante por lo que parece sugerirse, que es una actuación por parte de la administración que puede llevar consigo una violación de derechos fundamentales", resume.

En la misma línea se ha expresa el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, quien apunta que "aparentemente es una decisión administrativa frente a injerencias organizadas, sobre todo por parte de otros países en procesos electorales", pero al profundizar en la lectura de la orden ministerial "no está tan claro que se refiera solo a eso".

"Cualquier actuación que tenga que ver con la libertad de información y la libertad de expresión y, en general, con la posibilidad de los ciudadanos de estar informados y manifestarse públicamente ha de ser muy cuidadosa, porque son pilares de la democracia", advierte este jurista.

Desde el Foro Judicial Independiente, se han mostrado también "muy críticos" con el plan del Gobierno. "Lo vemos como una vulneración de derechos fundamentales", denuncia su portavoz, Concepción Rodríguez, quien lamenta que "vivimos un mal momento para los derechos fundamentales".

Rodríguez fija su preocupación en el hecho de que cuáles sean las publicaciones que se consideren desinformación "va a depender de quién esté gobernando en cada momento" sin que haya unos parámetros precisos.

En este punto se sitúa también María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, para quien "claramente pueden verse vulnerados el derecho a la información y la libertad de expresión".

Del Barco reitera asimismo que "hay instrumentos legales suficientes" para actuar contra posibles abusos y que "cualquier limitación normativa de un derecho fundamental, de producirse, debe ser por ley orgánica".