Pablo Casado se saca un as de la manga con Albert Rivera y deja muda a Arrimadas

Albert Rivera dejó la política activa tras sus malos resultados electorales de Ciudadanos, pero parece que seguirá muy presente en la órbita del PP, dejando a Arrimadas fuera de juego. De hecho, el bufete para el que trabaja en la actualidad, el despacho de abogados Martínez-Echeverría & Rivera, tiene un encargo de Casado, preparar el recurso que se presentarán ante el Tribunal Constitucional por la ley catalana que fija los precios del alquiler.

De hecho, según ha avanzado El Mundo, el propio Rivera se estaría encargando personalmente de la redacción del texto que presentará el PP, como ya anunció el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, ya que considera que la norma impuesta por la Generalitat excedería claramente sus competencias, algo que también refrendó el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament.

La norma, que pretende limitar el precio de los alquileres en áreas que hayan sido declaradas como "áreas con mercado de vivienda tenso" en Cataluña, ya nació con el rechazo frontal de la oposición, además de los empresarios catalanes y del sector inmobiliario, que consideran que el "control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda de alquiler".

Sin embargo, a pesar de ello, desde el Gobierno también se está tramitando una ley similar, tras las presiones de Podemos al ministro del ramo, José Luis Ábalos. De hecho, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Pablo Iglesias obligó al PSOE a llevar la norma ante el Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses.

Pero además, su norma, que pretende aplicar el límite de precios con carácter retroactivo a los contratos antiguos se ha encontrado de frente con los juristas que cuestionan que sea posible de llevar a cabo porque chocaría con la Constitución y el Código Civil.

De hecho, opinan que tal modificación no podría imponerse a los contratos de alquiler ya vigentes y se agarran para ello a lo establecido en los artículos 9.3 de la Constitución, que garantiza "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales", y al 1.255 del CC, conforme al cual los contratantes pueden pactar lo que quieran siempre que no sea contrario "a las leyes, a la moral ni al orden público".

Así, la nueva norma estatal también abriría la posibilidad de que la colaboración entre Rivera y Casado siguiera aumentando, con un nuevo encargo que volvería a dejar a Arrimadas sin aliento.