PSOE y PP ultiman el pacto: Pilar Teso es la favorita para presidir el CGPJ

Es mujer, progresista y tiene una amplia experiencia en el Supremo. La magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo Pilar Teso cuenta con "todos los apoyos necesarios" para convertirse en la próxima presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Alto Tribunal.

Fuentes próximas a las conversaciones entre Ejecutivo y oposición para desbloquear la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces confirman a ESdiario que la candidata conseguiría un consenso casi unánime para su designación. Las negociaciones entre socialistas y populares - que "nunca llegaron a interrumpirse"- para poner final a la andadura del actual Consejo están muy avanzadas. El acuerdo quedará "cerrado en noviembre", apuntan las mismas fuentes.

Pilar Teso Gamella ingresó en la carrera judicial, por oposición, en el año 1989. Aunque inició su actividad profesional en el Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres, la magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde ocupa una plaza desde 2008, ha desarrollado su trayectoria como especialista en la jurisdicción contencioso-Administrativa, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (entre 1989 y 1997), como en la Audiencia Nacional (de 2000 a 2008).

Con Pilar Teso ya habría mujeres al frente del Congreso, Senado y Tribunal Supremo

Aunque formalmente son los 20 vocales de cada CGPJ, una vez que han tomado posesión de su cargo ante el Rey, quienes reunidos en Pleno concluyen con las propuestas de candidatos a presidir el órgano constitucional y el Tribunal Supremo, en la práctica es habitual que los partidos encargados de proponer a sus miembros hablen, también, sobre el perfil más idóneo para liderarlo durante cada legislatura.

El Gobierno tiene claro su objetivo en esta ocasión: situar, por primera vez en la historia de la institución, a una mujer al frente de los jueces. Con ello conseguiría un triple hito con tres mujeres presidiendo tres de las principales instituciones del Estado: Congreso, Senado y Tribunal Supremo.

Triple línea roja

La interlocución entre el ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del ramo en el Partido Popular -y actual consejero de la Comunidad de Madrid-, Enrique López, ambos ex magistrados, continúa su curso. La renovación del Consejo General del Poder Judicial es "inminente", aseguran fuentes próximas a la negociación, y, para ello, ambos concretan la letra pequeña de un pacto que, en el caso de los populares, no saldrá adelante salvo que el Gobierno haga gestos concretos en un compromiso real hacia la "despolitización" del actual sistema de elección.

Es imprescindible que PSOE y Podemos retiren el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ambos registraron conjuntamente en el Congreso de los Diputados, a través de sus respectivos grupos parlamentarios. Pedro Sánchez confirmó, en la pasada moción de censura, que darían un paso atrás en el intento por sacar adelante un texto legal que trata de controlar e interferir en los jueces y magistrados y que provocó durísimas críticas de los miembros de la carrera judicial, a través de las principales asociaciones profesionales y de un manifiesto ciudadano suscrito por varios vocales del actual CGPJ.

Además, López tiene la misión de liderar un cambio de tendencia en el mecanismo de elección de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: que sean sus propios compañeros, jueces y magistrados, los que designen a quienes han de representarlos en el órgano constitucional. Una exigencia a la que habría que añadir que el PP no quiere que puedan ser considerados juristas de reconocido prestigio aquellos profesionales que, en su pasado, hayan tenido cualquier tipo de puesto o de responsabilidad política.

El máximo escollo, en este momento, es el punto que se refiere a la lista de candidatos propuesta por cada una de las formaciones políticas como vocales a conformar el próximo Consejo. El PP habría planteado la posibilidad de que los mismos sean votados uno a uno en ambas cámaras de representación, Congreso y Senado, en lugar de como un bloque cerrado tal y como se recoge en el texto del proyecto de ley presentado por PSOE y Podemos, actualmente en suspendida en el Parlamento. Una fórmula que permitiría limitar las posibilidades de éxito de los nombres presentados por el partido de Pablo Iglesias.