Arranca el juicio por prevaricación continuada al líder del PSOE gallego con ZP
Pachi Vázquez se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de corrupción administrativa. El fiscal le acusa de enchufar a 60 afines en su etapa de alcalde sin publicitar las plazas.
El exsecretario general del PSdG, Pachi Vázquez (a la derecha), junto a José Blanco.
Junto al permanente frente judicial que acecha al PSOE andaluz y mientras el juez investiga la presunta relación de altos cargos del PSM -entre ellos Rafael Simancas- con la operación Púnica a Ferraz se le abre ahora el frente del socialismo gallego.
El que fuera secretario general del PSOE de Galicia durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco, Manuel Pachi Vázquez será juzgado a partir del lunes por un delito de prevaricación continuada durante su etapa como alcalde de O Carballiño, municipio que gobernó entre 1995 y 2005.
El juicio arrancará a las 10.15 horas en el Juzgado de lo penal número dos de Ourense. La Fiscalía le pide una pena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada por una serie de 60 contratos a empleados públicos.
Junto a Pachi Vázquez se sentarán en el banquillo otras cuatro personas que tenían responsabilidades en la corporación municipal en este periodo, entre ellos Carlos Alberto Montes, quien sucedió a Vázquez en la alcaldía hasta 2011.
En su escrito con fecha del 13 de diciembre 2019, el fiscal atribuye al exdirigente socialista y al resto de acusados un delito continuado de prevaricación por suscribir durante su periodo de mandato "un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal, respecto de 60 trabajadores".
En concreto, estas eran destinadas a la cobertura de puestos de peones y albañiles, conserjes, carpinteros, electricistas, trabajadores del servicio de limpieza, profesional de psicología, monitor de la oficina local de turismo, locutor-redactor y encargado de instalaciones deportivas, auxiliares de ayuda a domicilio e incluso agentes de la policía local, entre otros.
"Los acusados procedieron a la contratación de estas personas con conciencia de que faltaban los requisitos básicos de toda contratación pública, como es la publicidad, para que cualquier persona pudiera acceder a la misma de acuerdo a los principios de mérito y de capacidad", indica la Fiscalía, que rebaja ligeramente su petición de penas para dos de los restantes acusados a 9 años de inhabilitación y 8 años y 9 meses.
Asimismo, señala que todos los contratos fueron celebrados pese a que los acusados "fueron informados" por escrito y de forma verbal "del incumplimiento" de los trámites "necesarios" para constatar el "cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los mismos".
