Los fiscales quieren total independencia antes de asumir la instrucción judicial
El borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIm) propone que sean los fiscales quienes lideren la investigación de los casos penales, en detrimento de los jueces.
El ministro de Justicia junto a la fiscal general del Estado.
Los fiscales ven con buenos ojos la propuesta de asumir la fase de instrucción de las causas judiciales en España- para aproximar su trabajo a los estándares de sus compañeros en la mayoría de países del resto de Europa-, pero no a cualquier precio. Los miembros del Ministerio Público quieren "cortar de una vez por todas el cordón umbilical" que les hace depender del Gobierno. "No puede ser que colguemos del Ministerio de Justicia. Es imprescindible que seamos independientes", ha afirmado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, en declaraciones exclusivas a ESdiario.
"Estamos profesionalmente preparados para asumir la dirección de la investigación en los procedimientos judiciales, de hecho nos encargamos de hacerlo ya en algunas materias muy específicas -como es el caso de menores- y, además, somos los únicos presentes en el desarrollo íntegro del proceso", subraya Dexeus. Sin embargo, su 'sí' a la propuesta planteada por el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está fuertemente condicionado a garantizar una independencia real de la institución, de la que actualmente carece.
"No puede ser que colguemos del Ministerio de Justicia. Es vital que seamos absolutamente independientes", afirma Cristina Dexeus
No en vano, las principales asociaciones de fiscales, entre las que se encuentra la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que perteneció la actual titular de la Fiscalía General del Estado y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, han apuntado a la necesidad de que la reforma de la centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) vaya acompañada de medidas previas de actualización. La UPF ha afirmado en varias ocasiones que "tras los múltiples parches" normativos era "absolutamente prioritaria la reforma legislativa" planteada por Campo para implantar "plenamente el principio acusatorio con un procedimiento previo al juicio penal liderado por el Ministerio Fiscal, con el control externo de un Juez de garantías".
Para ello es imprescindible una "revisión del Estatuto Orgánico del Ministerio Público en la que se blinde la figura del fiscal general del Estado para garantizar su absoluta neutralidad y eliminar cualquier posibilidad de politización del órgano", ha señalado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en su conversación con este diario. Incluso "aunque la propuesta de nombramiento del máximo fiscal del Estado la haga el Gobierno, su designación para el cargo no debería ser inferior a 5 años, de manera que el cese del Ejecutivo no comporte el cese inmediato del fiscal general", ha añadido.
Los fiscales -con los que el ministro de Justicia no ha vuelto a reunirse de manera oficial desde su comparecencia parlamentaria para presentar las líneas generales de su mandato, ni tampoco una vez avanzadas las modificaciones que afectarán a sus funciones profesionales- recuerdan a Campo lo imprescindible de "reforzar la figura del Consejo Fiscal para acotar el poder de la Fiscalía General del Estado, concretar sus funciones y dotar de autonomía presupuestaria a la FGE en una línea similar a la que ya disfruta el Consejo General del Poder Judicial".
Demanda histórica
Frente a las críticas recibidas por el ministro Campo por parte de la oposición, que considera que la medida está orientada a lograr que el Ejecutivo controle las pesquisas de los casos penales a través de la Fiscalía General del Estado, los fiscales han recibido en positivo -aunque condicional- la que ha sido una de sus históricas pretensiones ante los diferentes Gobierno.
La AF y la UPF abogan por que se trabaje, de manera consensuada, en medidas legales "complementarias" que fortalezcan la "transparencia y la objetividad en el funcionamiento" interno y "autónomo" del Ministerio Fiscal; y, se acuerden las decisiones necesarias para asegurar la aplicación práctica de la reforma dotándola de medios "materiales y humanos para llevarla a cabo".