Sánchez blinda los privilegios fiscales de País Vasco y Navarra y se delata

El aval que este miércoles dio Pedro Sánchez al anuncio de Esquerra sobre la aplicación de un 155 fiscal contra la Comunidad de Madrid deja al inquilino de La Moncloa ante el espejo de sus propias contradicciones.

El ataque coordinado del PSOE, Podemos y Esquerra contra la autonomía fiscal y el modelo económico de Madrid ha sido justificado por Sánchez en la necesidad -y un supuesto consenso autonómico general en tal sentido- de abordar un mantra siempre comprometido por los gobiernos y nunca abordado: la "armonización fiscal". Es decir, que todas las autonomías tengan la misma arquitectura impositiva que favorezca la igualdad de oportunidades.

Pero esta armonización que ahora promete Sánchez para justificar su nueva ofensiva contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso nace coja. Por que el Ejecutivo progresista no tiene la menor intención de meter mano al Concierto Económico del que disfrutan el País Vasco y Navarra. Casus belli para dos de los socios preferentes de Sánchez: el PNV, que le permite seguir en Moncloa a él; Bildu, que sostiene a la socialista María Chivite en la Presidencia de la Comunidad Foral.

Según explicó Sánchez este miércoles, éste es un debate que no obedece a una "cuestión ideológica" sino que tiene que ver con la necesidad de resolver los problemas que tiene el sistema fiscal.

"Esa armonización fiscal también se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país, si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan", enfatizó.

Una promesa que casa mal con la oferta que el propio líder socialista hizo a Íñigo Urkullu y Andoni Ortuzar para lograr su voto afirmativo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

La promesa fue mantener intocable el acuerdo de renovación del Cupo -la cantidad que el País Vasco paga al Estado tras recaudar todos los impuestos nacionales- al que Cristóbal Montoro había llegado con el consejero de Economía vasco Pedro Aspiazu.

Un acuerdo al que Albert Rivera bautizó entonces como el "cuponazo". El montante acordado en 2017 por los ejecutivos de Rajoy y de Urkullu fue de 1.300 millones de euros como año base para el quinquenio que se prolongará hasta 2021.

Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cuando firmaron su acuerdo de investidura que blinda el Concierto, el régimen fiscal vasco.

Así, el Gobierno se dispone a aplicar ese 155 a Madrid para evitar lo que ERC denomina "dumping" fiscal pero va a dejar intactos los regímenes forales vasco y navarro heredados de los llamados derechos históricos.

Y eso que varias sentencias de los tribunales europeos han tumbado en varias ocasiones las llamadas "vacaciones fiscales" que en su día denunciaron las comunidades limítrofes de La Rioja y Castilla y León ante la fuga de sus empresas a suelo vasco para tributar menos.

¿Ilegal e inconstitucional?

Pero al margen de la contradicción política, está la legalidad de la medida. Fuentes de la CAM consideran que el ataque al modelo fiscal madrileño puede ser ilegal e inconstitucional. Además, tanto los impuestos de Patrimonio como Sucesiones y Donaciones han sido cedidos a las autonomías por lo que "constituiría un claro ejemplo de deslealtad institucional".

Habría además, según estas fuentes que modificar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) y sortear el artículo 134 de la Constitución, que establece que "la Ley de Presupuestos no puede crear tributos o modificarlos sin previa habilitación legal". Doctrina del Tribunal Constitucional.

Con este escenario, Sánchez planea una nueva armonización fiscal para encubrir su golpe de mano a Madrid. Pero el Concierto Económico vasco y el Convenio Económico navarro seguirán blindados. Porque de PNV y Bildu depende la subsistencia del líder del PSOE en La Moncloa.