Difunden el informe exhaustivo del primer pago de Sánchez a Otegi con los presos
Los números son terribles para las víctimas. El Gobierno ha concedido beneficios a 108 etarras, el 30% con delitos de sangre. Y, entre ellos, a varios de los más crueles jefes de la banda.
Pedro Sánchez, meditando en su escaño.
Un informe que recopila el goteo de acercamientos, progresiones de grado y beneficios penitenciarios del Gobierno a los presos de ETA. Una radiografía de la factura que, en un tiempo récord y cruzando líneas rojas nunca antes atravesadas por ningun gobierno anterior, está pagando el ejecutivo de Pedro Sánchez por el sí del PNV y Bildu a sus Presupuestos para 2021.
El 30% de los 108 presos terroristas que han sido ya trasladados por el ministro Marlaska tienen delitos de sangre y apenas un reducido grupo de históricos dirigentes de la banda terrorista como Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, Juan Antonio Olarra Gudiri y Ainhoa Mujika, se encuentran en cárceles fuera del País Vasco o alrededores.
Desde el primer Gobierno de Sánchez en junio de 2018 se han autorizado 121 traslados que se corresponden a movimientos de 108 etarras -algunos más de una vez-, de los que 33 tienen delitos de sangre, según los datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo , muy crítica con estos acercamientos porque en la primera legislatura Marlaska les aseguró que serían puntuales.
Los últimos seis etarras fueron trasladados el pasado viernes, entre ellos Jon Igor Solana, integrante del comando Andalucía que asesinó en el año 2000 al concejal José Martín Carpena en Málaga, al fiscal Luis Portero en Granada y al médico Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla. En torno al 60% de los algo menos de 200 presos de ETA han sido ya movidos de prisión.
Uno de los últimos cuyo trasladado ha sido aprobado llevarlo hasta la cárcel de Logroño es José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri. El jefe de los comandos de ETA en los años 90 está condenado por ordenar los asesinatos de Fernando Múgica o el matrimonio formado por concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, entre otros.
En octubre fue el turno de Andoni Otegi Eraso, uno de los terroristas condenados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña. Atentado que desató el proceso de ilegalización de Batasuna. Misma suerte tuvo Mikel Xabier Ayensa, condenado en 2003 a 30 años de prisión como responsable del atentado que le costó la vida al político de UPN Tomás Caballero.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un pleno en el Senado.
Desde la AVT temen que los acercamientos prosigan -"no los quieren cerca, los quieren libres", avisa de forma recurrente- y que incluya a terroristas con un perfil especialmente sanguinario que actualmente continúan en las cárceles de Andalucía o Murcia, las más alejadas al País Vasco.
Destaca entre ellos Txapote, que hace semanas abandonó el módulo de aislamiento en Huelva -donde se encuentra también su compañera de comando Irantzu Gallastegi-, aunque sigue clasificado en primer grado, el régimen más duro. Participó en gran parte de las atrocidades del comando Donosti como el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Múgica y los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.
Desvinculado de cualquier colectivo de presos, en Zuera sigue cumpliendo años de su condena Francisco Mujika Garmendia, Pakito, el histórico jefe de ETA en la etapa más mortífera de la banda terrorista, hasta que fue desarticulado en Bidart en 1992.
También protestaron las víctimas por las decisiones de las autoridades galas de agrupar a muchos de los últimos jefes de ETA en la cárcel de Lannemezan, a unos 300 kilómetros de la frontera con el País Vasco. Allí están Mikel Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y sus sucesivos relevos: Mikel Carrera Aitzol Iriondo.
Pendiente de su posible, en el país galo también aguarda Josu Ternera, el último de los históricos dirigentes detenido por la Guardia Civil tras 17 años prófugo.