El Gobierno presiona a Felipe VI por cinco frentes para someterle a Moncloa

Solo 24 horas después de que Pedro Sánchez "defendiera" a Felipe VI, la realidad indica en una dirección bien contraria y las presiones se le amontonan a la Casa Real en varios frentes. El más público es el de Podemos, que pide un referéndum o incluso la renuncia del Monarca a la Corona, con Pablo Iglesias frotándose las manos por haber encontrado el filón con el que distanciarse del PSOE y cohesionarse con ERC y Bildu.

Y otros más privados, pero quizá por ello más inquietantes. Porque todos proceden de la propia Moncloa y tienen la firma del Presidente: el más conocido, narrado por Marta G. Montero en ESdiario, tiene que ver con la presión a Felipe VI para que no permita la vuelta de Juan Carlos I en Navidad, como es su deseo.

Ni siquiera a pasar unos días discretos en casa de su hija, la Infanta Elena, tal y como pretendía, según su entorno. No está claro que el Emérito haga caso y, a estas horas, no se descarta que pese al recelo decida coger un vuelo regular y volver temporalmente a Madrid por las fechas festivas, según explican a este periódico en sus cercanías.

La segunda presión, trasladada ya oficiosamente, tiene que ver con el destino final cuando el retorno sea definitivo: el deseo de don Juan Carlos es recuperar su vida en La Zarzuela, pero Moncloa se niega a ello y no parece sencillo doblarle su voluntad ni al alcance que Felipe VI se oponga a esa pretensión. Al contrario, lo que se le ha pedido es que dedique una parte del discurso de Nochebuena a hablar de algún modo de su padre.

Hay una tercera, ya más prolongada, que no termina nunca: la utilización de la Fiscalía General del Estado para extender la sospecha sobre Juan Carlos I, sobre el que no pesa ninguna imputación pero tampoco se archivan las investigaciones abiertas sobre supuestas cuentas en el paraíso fiscal en las islas Jersey o sobre los famosos 65 millones de euros "cedidos" a Corinna.

En este punto, se espera desde hace días un auto de la Fiscalía del Supremo, muy cercana a Dolores Delgado, cerrando las investigaciones y liberando al Rey de toda responsabilidad penal, pero cargando las tintas en su supuesto comportamiento para no "resucitarle" como un mártir, según explican fuentes jurídicas a ESdiario.

Iglesias ataca en público, pero Sánchez presiona en privado desde hace meses a Felipe VI

Y hay una última medida en marcha, sugerida por el propio Sánchez y confirmada este viernes por un ministro, entre eufemismos: controlar al propio Felipe VI con una reforma legal que, en resumen, acabe con su inviolabilidad constitucional. Un camino legal incierto, cuando no imposible por requerir una mayoría que sólo le podría dar el PP, pero con un mensaje político de fondo muy claro de control del soberano.

El mismo que el propio Sánchez ya le imprimió al Jefe de Estado obligándole en privado a que le pidiera a su padre que se marchara de España, el pasado mes de agosto; o que le llevó a suspender su presencia en un acto judicial en Barcelona el pasado mes de septiembre.

Más presión

Ahora se da una vuelta de tuerca a esa presión, como ha venido a confesar un testigo de esa hoja de ruta, tan directo como inesperado: el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que en una entrevista en TVE, ha abogado por "avanzar en delimitar" los actos públicos y privados de la Casa Real porque, a su juicio, "una cosa es la ética pública y otra la privada", con el objetivo de abrir la puerta a juzgar acciones que vayan más allá de las atribuciones del Rey como Jefe del Estado.

De hecho, ha insistido en que "los tribunales son para todos". "Otra cosa es que el jefe del Estado en la Constitución tenga inmunidad. Lo que significó el debate del 78 entre monarquía y república... se optó por una monarquía sin poderes. Si no tiene poderes, de los actos públicos no es responsable, es otro poder el responsable".

De esta manera, Uribes ha insistido en que "todas las personas" son "iguales ante la ley" y, por tanto, deben recibir "un trato igual". Además, ha asegurado que el Rey Felipe VI será "el primer interesado" en avanzar hacia la "transparencia" de la institución después de la polémica generada en torno a la investigación del Rey emérito.

Junto a ello, el ministro ha asegurado que no le "consta" que la Fiscalía del Tribunal Supremo notificase formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa del Rey emérito la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el exmonarca de tarjetas bancarias con fondos opacos, como el propio Ministerio Público ha informado.

De ser oficial la notificación, podría invalidar la regularización fiscal realizada por el Emérito, que abonó voluntariamente casi 700.000 euros, y mantendrían vigentes las diligencias abiertas en la investigación, pero de nuevo, todo queda en manos de la Fiscalía del Supremo.

El ruido, en cualquier caso, no cesa. La presión sobre Felipe VI excede ya en mucho de las controversias que rodean a su predecesor y ponen en la diana a la propia institución, sin que esté claro cómo solventarla: el escrupuloso silencio del Rey parece ser su política, pero lo hechos le ponen complicado mantenerse en esa línea mucho más tiempo.

Sea porque voluntariamente haga un guiño en su discurso de Navidad, el más difícil en Zarzuela desde la llegada al trono, sea porque la presión de Podemos para que se pronuncie sobre Juan Carlos I antes incluso de esa cita del 24D.