La "trampa" del Congreso para no examinar los bienes de Iglesias y Sus Señorías

Los diputados tienen de plazo hasta el próximo 15 de febrero para presentar sus declaraciones de intereses económicos, incluyendo sus últimos contratos profesionales, regalos recibidos y viajes privados que les han pagado en los últimos cinco años.

Una medida que pretende dotar de más transparencia a los integrantes del Congreso pero que no es más que simple 'postureo' puesto que nadie comprobará su veracidad.

De hecho, la Mesa del Congreso ha aprobado esta semana los trámites administrativos necesarios para crear la Oficina de Conflicto de Intereses de la Cortes Generales que extiende al Senado el grueso de las normas que ya aprobó el Congreso en febrero de 2019, bajo la presidencia de la 'popular' Ana Pastor, pero que nunca se llegaron a exigir a los diputados.

Sin embargo, aunque la Oficina de Conflicto de Intereses que se debía haber creado en el Congreso tras la aprobación del Código de 2019 tenía competencias para comprobar "la veracidad del contenido" de las declaraciones de intereses que rellenaran sus señorías, la nueva oficina única no las tendrá. De hecho, el código especifica que las Cámaras "sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios".

Además, en cada una de las Cámaras se va a crear un Registro de Intereses que dependerá directamente de la Presidencia, aunque su gestión administrativa corresponderá a los órganos competentes de la Secretaría General de cada una de ellas.

En ese registro se custodiarán las declaraciones de intereses económicos que sus señorías pueden empezar a presentar desde este martes. Aunque las Cámaras se habían fijado como horizonte tener listas todas las declaraciones el 1 de febrero, al inicio del próximo periodo de sesiones, finalmente la Mesa del Congreso ha decidido dar de plazo a los diputados hasta el 15 de febrero, el mismo periodo que prevé fijar la Mesa del Senado.

Las declaraciones podrán ser consultadas por la ciudadanía a través de las páginas web de ambas Cámaras, donde también están publicadas las declaraciones de patrimoniales y las relativas a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores.

En esa declaración de intereses económicos cada parlamentario deberá consignar las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

Deberán declarar los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que puedan ser relevantes por suponer un conflicto de interés.

También deberán informar en la declaración de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés.

Sus señorías tendrán que comunicar, asimismo, las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

Una oficina "light"

Según el código ético, existirá conflicto de interés cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal, "tanto directo y propio, como indirecto o a través de otra persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes; de tal forma que se pueda poner en duda su objetividad o independencia, o que implique que como parlamentario no persiga la consecución del interés general".

Esta oficina tendrá su sede en el Congreso y estará encabezada por un letrado con experiencia en esta materia que será nombrado por las Mesas de ambas Cámara con rango de director general. Su labor será resolver las dudas de interpretación que genere la aplicación del Código que podrán ser planteadas por los parlamentarios o por las Mesas.

Tendrá que actuar "con total reserva respecto de las dudas planteadas" y elaborar un informe anual sobre el cumplimiento del código, pudiendo hacer recomendaciones para mejorar su eficacia, pero manteniendo en todo momento "la confidencialidad sobre los casos que hayan planteado dudas de interpretación".

No podrán recibir regalos de más de 150 euros

El Código de Conducta también subraya que los parlamentarios no podrán aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como parlamentarios. Tendrán que rechazar, en todo caso, presentes o beneficios que tengan un valor estimado superior a 150 euros.

Los obsequios que reciban en los viajes oficiales de las Cámaras o cuando actúen en representación de éstas deberán ser entregados a la Secretaría General de la Cámara correspondiente siempre que sean ofrecidos en razón de dicha representación y no a título personal y tengan un valor estimado superior a 150 euros. Todos se publicarán en la página web del Congreso o del Senado.