El número dos del Ministerio de Turismo se enfrenta a un juicio por corrupción

El horizonte judicial se le complica al actual secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés. En un momento crítico para el sector, que espera impaciente un plan de rescate anunciado en octubre pero que no ha llegado aún, el número dos de la ministra Reyes Maroto ha de estar más preocupado por sus asuntos domésticos.

La juez Belén Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, tiene entre manos un procedimiento penal que cada vez pinta peor para Valdés y que se remonta a sus tiempos de subdirector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Era, además, el jefe de contratación de la Agencia.

Él y el resto de la cúpula de la AECID de entonces están imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio. Ésta, a su vez, estaba motivada por una denuncia de la Intervención General del Estado. Se investigan contratos adjudicados por, presuntamente, servicios ficticios. Una trama millonaria con una quincena de señalados.

Valdés ha seguido en su puesto en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pese a todo, porque según el departamento de Reyes Maroto en aquellos años el ahora secretario de Estado no firmó nada y no tiene nada que ver. Pese a que era el número dos.

Sin embargo, las diligencias previas con número 1253/2020 han tomado tal cariz que la Agencia ha decidido contratar ahora a un despacho de abogados particular para su defensa y la de los otros exaltos cargos implicados, entre ellos el entonces director y actual embajador de España en México, Juan Antonio López Doriga. Temiéndose como se teme la AECID que habrá apertura de juicio oral.

La Aecid ha recurrido a los servicios de un despacho de abogados privado temiéndose la apertura de juicio oral

Se trata del despacho del abogado del Estado (en excedencia) José María Ayala de la Torre, según ha podido saber ESdiario. Fue abogado del Estado ante el Ministerio de Empleo y también ante la Audiencia Nacional y tiene un amplio bagaje en Derecho Público.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalan que, dado que la Abogacía del Estado no llega a todo, no es extraño que tratándose de una Agencia tenga que acabar recurriendo a un bufete privado ante un asunto de tal cariz. Consultada la Agencia por este diario, de momento no ha querido pronunciarse.

Si finalmente la juez decide la apertura de juicio oral, a la ministra Maroto no le quedará más remedio que destituir a su secretario de Estado, que lleva con ella desde 2018, cuando lo nombró subsecretario de Industria, Comercio y Turismo.

Ello supondría descabezar la nueva cúpula de Turismo que nombró en verano, a mediados de julio: Valdés como secretario de Estado, Pablo Garde como subsecretario y Miguel Sanz como nuevo director general del Instituto de Turismo de España. Y todo en mitad de la severísima crisis que atraviesa un sector devastado por la pandemia y vital para el PIB español.