El CGPJ exige al Congreso ser escuchado antes de maniatarle en sus funciones
El Pleno del Consejo ha aprobado, con un amplio consenso de 16 vocales, un texto institucional en el que solicita al Congreso que antes de limitar sus funciones les pida un dictamen.
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Reunión del CGPJ.
Los jueces han querido pronunciarse pública y formalmente ante los intentos de injerencia del Gobierno en las funciones del Consejo General del Poder Judicial.
Por ello, al término del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes, que este jueves ha nombrado cuatro cargos judiciales vacantes desde 2019, han hecho público un comunicado suscrito por una amplia mayoría de 16 de sus miembros en el que exigen al Parlamento que cumpla con el trámite legal de consultarles sobre la reforma en marcha para reducir sus funciones cuando se encuentre prorrogado.
"Instamos al Congreso de los Diputados a que solicite el informe del CGPJ sobre la Proposición de Ley Orgánica" que reformará "el regimen jurídico aplicable" al Consejo "en funciones", arranca el acuerdo suscrito por los magistrados. Además, quieren que la Cámara Baja pida un dictamen a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia).
En opinión de los jueces es necesario "dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular a las asociaciones de jueces y fiscales" -que mañana se reunirán con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como avanzó en primicia ESDiario- y recordar a los diferentes "grupos parlamentarios" la importancia de "proceder sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, como se viene reclamando", desde hace tiempo desde la institución.
"La reforma registrada por PSOE y Podemos busca limitar competencias del CGPJ que afectan expresamente a la independencia judicial"
La "trascendencia constitucional de la modificación propuesta" por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para modificar la ley actual afecta al "núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye" al Consejo, reza el texto suscrito por los 16 vocales del CGPJ. Y añade: "La iniciativa tiene por objeto" la reforma de la LOPJ "limitando" unas funciones que afectan "expresamente" a las garantías "de la independencia judicial".
Un escenario que, a juicio de los miembros del CGPJ, exige al Gobierno cumplir con la "obligación de someter los anteproyectos aprobados" al informe "del Pleno de este Consejo", así como al criterio de "interpretación conforme con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia" establecida por el TJUE y de las "recientes Recomendaciones" expresadas por la Comisión Europea.
Nuevos nombramientos de jueces
El Consejo ha consumado con amplia mayoría -y en cumplimiento de sus funciones actuales-el nombramiento de los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.
"Los candidatos nombrados hoy para los cuatro" puestos pendientes de cubrirse desde finales del año pasado, y cuya "provisión se había incluido en el orden del día", han recibido "el respaldo de 17 de los miembros del Pleno, en uno de los casos, y de dieciocho en los otros tres. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en blanco", ha explicado el CGPJ en una nota oficial emitida al término de su reunión.
De este modo y según lo previsto, el Poder Judicial ha decidido plantar cara a la nueva ofensiva de los socios del Gobierno, que pretenden presionar al Partido Popular y atar de pies y manos a la Comisión Permanente del CGPJ para que no pueda seguir cumpliendo su función constitucional de cubrir las vacantes judiciales hasta que no sea renovado.
El Pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces acordó el pasado mes de enero paralizar los nombramientos de cargos gubernativos "en la confianza de una pronta renovación de la institución" que, hasta la fecha, no se ha producido y volvió a paralizarlos en junio "por razones de prudencia ante la confirmación en dicha fecha de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios", han recordado.
Sin embargo, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, de acuerdo con los vocales de ambas corrientes, conservadores y progresistas, habían pactado en estos últimos días seguir con el calendario previsto para este año que termina, ajenos a la nueva Proposición de Ley registrada la semana pasada por Adriana Lastra y Pablo Echenique y pese a la exigencia expresa de Podemos al presidente del Supremo para que aplazase los nombramientos previstos sine die.
El Pleno también ha aprobado con 20 votos las bases que permitirán la futura convocatoria de 6 plazas vacantes en el Tribunal Supremo en los últimos meses, por jubilación de sus titulares, y otras tantas que se han producido en otros órganos judiciales.