Los jueces "enmiendan" la Ley Celaá: el 25% de las clases deben ser en español

Uno de los caballos de batalla de la oposición contra la Ley Celaá era la exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas. Una exigencia de los independentistas que Sánchez aceptó de buen grado para contar con el apoyo mayoritario de la Cámara. Sin embargo, ahora los jueces han dejado claro que el 25% de las clases deben ser en castellano.

Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ministerio de Educación en 2015 contra varias resoluciones de la Consejería de Educación de la Generalitat en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza y obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Cataluña.

La sentencia de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso administrativo del TSJC declara "la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para que garantice que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso".

La sala desestima la petición de que se modifiquen los impresos de preinscripción escolar para que los padres tuvieran acreditado que el castellano sería lengua vehicular en todos los casos, dado que con el cumplimiento del porcentaje mínimo del 25% este ya garantizaría el acceso y uso de ambas lenguas desde Infantil.

Pero el fallo tiene un trasfondo mucho mayor ya que analiza el marco jurídico dentro del uso vehicular de las lenguas en la enseñanza: el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Ley de Educación catalana, la LOE y varias sentencias del Tribunal Constitucional, lo que abre la puerta a un inminente recurso sobre la norma lanzada por el Gobierno y que el PP ya ha anunciado que recurrirá una vez que esté definitivamente aprobada.