Los terribles datos de la primera ola que dejan en evidencia a Illa e Iglesias
El impacto en ancianos y sanitarios durante los primeros meses de la pandemia refleja la falta de diligencia del ministro de Sanidad y del encargado de las residencias de mayores.
Salvador Illa y Pablo Iglesias, en una rueda de prensa en Moncloa
Uno de cada cinco casos de COVID-19 identificados durante la primera ola era sanitario y la incidencia de la mortalidad en los mayores ha sido brutal, tanto, que los pacientes mayores de 80 años mostraron una probabilidad de morir 28 veces mayor que los menores de 40 años.
La falta de medidas de protección para los profesionales y la nula reacción del Gobierno para ayudar los ancianos de las residencias, que no son centros hospitalarios, se ha mostrado como una de las causas de las terribles cifras que arroja la pandemia en nuestro país. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente responsable de asuntos sociales, Pablo Iglesias, quedan retratados por este panorama devastador.
Tanto es así, que el Supremo ha remitido a los juzgados ordinarios las denuncias presentadas que afecten a las "imprudencias" que haya podido cometer el Gobierno "cuyo resultado haya dado lugar a la propagación de la enfermedad o hayan causado muertes cuando una diligencia normal exigía haber actuado de otro modo", con la intención de depurar responsabilidades entre quienes tomaron decisiones sobre las compras de material y test defectuosos o las carencias de recursos para los sanitarios, durante la primera fase de la pandemia.
De hecho, según las conclusiones del estudio coordinado por investigadores del CIBERESP en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha evidenciado el enorme impacto de la pandemia en adultos mayores de 70 años en España y en profesionales sanitarios.
El estudio, al que ha accedido ESdiario, ha analizado datos de los 218.652 casos confirmados de COVID-19 por PCR notificados por las comunidades autónomas entre el 31 de enero y el 27 de abril y revela que seis días después de implantarse el confinamiento nacional (15 de marzo), los casos de COVID-19 comenzaron a disminuir progresivamente en España hasta el 27 de abril, cuando tuvieron lugar las primeras medidas de relajación.
Diferente situación epidemiológica
La distribución de la incidencia acumulada a 14 días durante los dos meses que transcurrieron desde que se confirmó la transmisión comunitaria fue muy heterogénea entre las comunidades autónomas.
El Supremo da una varapalo a Iglesias y a Illa en dos ámbitos muy sensibles: los sanitarios y los mayores
Según esta investigación, esas diferencias pudieren deberse a múltiples factores, como la diferente situación epidemiológica de cada territorio en el momento del confinamiento nacional y los diferentes movimientos entre regiones antes del mismo, como se ha reflejado en el Proyecto Factores de Difusión del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Un 45,4 por ciento de los casos notificados de COVID-19 requirieron hospitalización; un 4,5 por ciento fueron admitidos en UCI. Entre los casos notificados y confirmados de esta primera ola epidémica, un 11,9 por ciento fallecieron.
El 95 por ciento de los fallecidos con COVID-19 tenían al menos una enfermedad subyacente, y la letalidad aumentó drásticamente con la edad. La letalidad fue menor del 0,5 por ciento en los menores de 40 años; del 23 por ciento en el grupo de 70-79 años, y del 62 por ciento en los mayores de 80 años.
Existen diferencias por sexo en los síntomas producidos por COVID-19, con una prevalencia mayor de síntomas respiratorios en hombres y de síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos en mujeres. Entre los casos no hospitalizados, la mayoría fueron mujeres (65,5%), mientras que los resultados más graves fueron más frecuentes en hombres (con porcentajes de hospitalizados, ingresos en UCI y defunciones del 56%, el 69% y el 56%, respectivamente).