Exteriores retira una denuncia contra Gibraltar y España pagará las costas
El Gobierno de Sánchez retira un recurso judicial contra Picardo en el Tribunal de la Unión Europea y tendrá que sufragar las costas de su propio litigio.
La ministra de Exteriores, posando en Gibraltar.
Horas antes de que el Brexit culmine su tortuoso camino -con el principio de acuerdo entre Londres y Bruselas-, el Gobierno sigue con su desconcertante estrategia con Gibraltar, derogando de facto la hoja de ruta del anterior ejecutivo del PP y apuntalando las cesiones a las autoridades del Peñón, emulando las políticas que ya impulsó durante su etapa en Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, el Gobierno español ha retirado un recurso que presentó en 2019 ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) para impugnar una decisión de la Comisión Europea que avalaba 160 acuerdos fiscales de Gibraltar con distintas compañías.
Así lo ha anunciado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado y puede comprobarse en la web del TUE. España informó al Tribunal de que desistía de su recurso el pasado 6 de noviembre. El caso fue archivado el 15 de diciembre y España ha sido condenada en costas.
El litigio se remonta a un régimen fiscal de 2010 que España denunció ante la Comisión Europea en 2012 por considerar que no era compatible con el sistema comunitario de ayudas de Estado.
La investigación de Bruselas se amplió en 2014 para incluir estos acuerdos fiscales ('tax rulings'), ante la sospecha de fueran selectivos, y se cerró en 2018 con la conclusión de que solo cinco de ellos eran ilegales y que el Peñón debía recuperar de las empresas beneficiarias unos 100 millones de euros.
El Gobierno español recurrió ante el TUE la decisión para que se volviesen a examinar los acuerdos avalados. En su recurso, España argumentó que el volumen de ayudas ilegales podía ser mucho mayor, y que si la Comisión no lo había detectado es porque no aplicó el criterio de "selectividad territorial" y eso la llevó a "conclusiones erróneas".
Picardo se ha mostrado "muy contento" por la decisión española, porque descarta los posibles "efectos retroactivos de una decisión desfavorable". Eso sí, ha señalado también que "ahora que la legislación comunitaria deja de aplicar a Gibraltar a partir del 1 de enero de 2021, la importancia de este caso ha disminuido".
"Esta era la posición de la Comisión Europea, el Reino Unido y Gibraltar. Por tanto, recibimos con agrado la retirada del caso", ha subrayado Picardo que, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de que el recurso "tenía pocas probabilidades de prosperar".