Podemos acumula escándalos judiciales mientras exige el fin de Felipe VI

La Casa Real no tiene ningún imputado. La Transparencia de la institución es máxima, con presupuestos a la baja desde hace años. Y la popularidad y aprecio por el Rey y la Corona es mayor que a la de cualquier otro cargo institucional de España, según los mismos sondeos que indican que la Monarquía solo le parece un problema al 0.3% de la población.

Y pese a eso, Podemos ha desatado una auténtica cacería contra ella, aprovechando los problemas de don Juan Carlos, presa de un baldón estético pero sin ninguna imputación formal en su contra. Una campaña que ha alcanzado el clímax tras el discurso regio de Nochebuena y que le ha llevado a todo un partido de Gobierno a considera a Felipe VI cómplice de su padre y a preguntar si la Monarquía es una herramienta para delinquir.

La realidad es bien distinta, sin embargo: quien de verdad acumula problemas judiciales, escándalos públicos y condenas firmes es Podemos, sumido en un laberinto penal del que intenta defenderse echando la culpa a las "cloacas" o atacando al Poder Judicial.

Pero eso no para un tsunami en su contra plagado ya de sentencias firmes incluso. La última, bien reciente, obliga a Pablo Echenique y a Juanma del Olmo a pagar 80.000 euros por llamar violador a un hombre que fue asesinado con la colaboración de la candidata de la formación en Ávila, Pilar Baeza. Y se suma a una larga lista de horrores judiciales que dinamitan por completo el discurso de ejemplaridad con el que la formación morada llegó a la política.

El propio Pablo Iglesias es el primero de la lista de cuestiones que tienen a Podemos en los juzgados. Su implicación en el llamado 'caso Dina', una de las piezas separadas del 'caso Tándem, que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el excomisario José Manuel Villarejo, está siendo escrutada ya que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El magistrado considera que el líder de Podemos podría haber cometido tres delitos, revelación de secretos, daños informáticos y simulación de delito, al haber guardado la tarjeta del móvil de su exasesora, Dina Bousselham y vinculado su robo a una supuesta campaña orquestada contra la formación, desde las llamadas 'cloacas del estado'.

En este momento, se está a la espera de las diligencias exigidas por el Supremo al juez de la Audiencia Nacional, ya que éste remitió el caso al Alto Tribunal por el carácter de aforado de Iglesias. Los fiscales del Supremo consideran que aún no pueden tomar una decisión sobre el fututo de Iglesias, por lo que la investigación sigue su curso y tal y como reveló ESdiario, existe precedentes similares al del líder morado que han terminado en una sentencia condenatoria.

Por su parte, bajando un peldaño en el escalafón de Podemos, Echenique ya ha sido condenado en firme en otra ocasión a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, del que no abonó las correspondientes cuotas a la Seguridad Social. Un fallo judicial que, con el Código Ético de Podemos, exigía su dimisión o cese, algo que ha incumplido.

Echenique debió renunciar tras sus condenas, según el Código de Podemos

También Alberto Rodríguez, secretario de Organización de la formación morada, está acusado de un delito de atentado contra agentes de autoridad durante una manifestación contra la LOMCE en Tenerife en el año 2014, coincidiendo con la visita a La Laguna del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert.

Un asunto que tendría que haber sido dirimido en un juzgado ordinario, pero que debido a su carácter de aforado está pendiente de que el Supremo cumpla con los trámites oportunos para ser llamado a declarar, algo que puede ocurrir en breve tras ser concedido el suplicatorio por el Congreso de los Diputados.

En otra manifestación que acabó en una condena a 19 meses de prisión se vió inmersa la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

Los jueces consideraron Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial.

El fallo asegura que ese ataque llegó "hasta el punto de obligar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban e, incluso, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los allí congregados se llevaran algún objeto de su interior, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón de la comitiva policial".

Por ello, los magistrados consideraron que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales", imponiendo además a Serra una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone la privación del derecho a ser elegida cargo público, aunque el pasado verano recurrió esta sentencia ante el Supremo.

El exabogado José Manuel Calvente: despedido injustamente tras ser acusado en falso de acoso sexual

Por su parte, uno de los puntos calientes de Podemos es la posibilidad de que haya cometido algunos delitos en su financiación, un hecho que denunció uno de los ya exabogados de la formación, José Manuel Calvente, que fue despedido acusado de acoso sexual. Finalmente, la formación morada tuvo que indemnizar al letrado con 30.000 euros por un despido que fue considerado improcedente tras un acuerdo entre las partes.

Para Calvente este acuerdo ratificó "que no existían las causas que alegaron para cesarle, es decir, que el acoso sexual contra si ex compañera de trabajo jamás existió" y advirtió que seguiría "colaborando con la Justicia para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en Podemos".

Desfile en el juzgado por el caso Neurona

Por ello, precisamente el plato fuerte de todos estos escándalos está por llegar ya que la investigación del llamado 'caso Neurona' que intenta dirimir si ha habido financiación irregular en el seno de la formación morada de cara a las elecciones de abril de 2019 está a punto de alcanzar su clímax.

El propio Del Olmo, como responsable de la campaña electoral, y otros altos cargos del partido, declaró en noviembre en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya que el juez está investigando los contratos del partido con la consultora mexicana porque piensa, igual que la Fiscalía, que Podemos pudo simular acuerdos con ella para financiarse de forma ilegal.

Además, en ese mismo caso, y aunque todavía no está imputado, también aparece el nombre de Echenique en un informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al ser apoderado de una de las cuentas de la formación que están siendo analizadas por la Justicia y por las que se acusa al partido de haber podido cometer los delitos de malversación y administración desleal.

Son, en definitiva, un cúmulo de causas judiciales, aunque no son todas, que van desde el punto más alto de la estructura del partido, con Pablo Iglesias a la cabeza, y que dejan al descubierto las vergüenzas de Podemos, por mucho que intenten maquillar los escándalos y culpar a la prensa por airearlos. O al propio Rey.