Sánchez da la espalda a todos los órganos de control en un 2020 de "rodillo"

Dentro de 24 horas, en un acto inédito en las últimas legislaturas, no serán los periodistas que habitualmente cubren la información del Gobierno los que examinen a Pedro Sánchez con sus preguntas en la comparecencia en Moncloa que marca el fin del ejercicio político en nuestro país.

Será una alineación de expertos, en teoría independientes pero elegidos por La Moncloa, los que pondrán nota al primer año del Gobierno progresista. De esta forma, y de una misma tacada, Sánchez habrá sorteado el control democrático de la Prensa independiente, y también los dictámenes del Consejo de Estado, el órgano constitucional con competencias para evaluar al Ejecutivo.

Con está última gran puesta en escena de 2020, Sánchez va a cerrar un ejercicio marcado por desprecio al control de las Cámaras -el Senado ha sido un paradigma con varios plantes- o de los órganos fiscalizadores y de Transparencia.

Hasta convertir a su coalición -como informó ESdiario el pasado día 18- en el más opaco de los gobiernos recientes. Y eso que llegó a Moncloa a caballo del compromiso de transparencia y rendición de cuentas con el que justificó su moción de censura contra Mariano Rajoy.

Cuando este martes se haga público el polémico informe de los expertos sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura firmado por Sánchez e Iglesias, a un lado y orillado habrá quedado no solo el Consejo de Estado, también en este mismo mes de diciembre el Consejo Fiscal, el CGPJ, y el Consejo de Transparencia, así como el propio Senado.

Baste un dato para demostrar, por ejemplo, hasta que punto el Ejecutivo de coalición ha dado la espalda a la Cámara Alta. Las dos principales y más recientes leyes que allí se han votado han sufrido el rodillo más absoluto de la llamada mayoría Frankenstein.

Los PGE fueron aprobados sin incluir ni una sola de las más de 3.500 enmiendas planteadas por la oposición, con denuncias de "mordaza" de PP, Vox y Ciudadanos. La ley de Educación, la ley Celaá, lo mismo. Sánchez no atendió ni una sola de las 647 enmiendas de los grupos que no se integran en la alianza gubernamental.

A golpe de decreto ley, ninguneando al Senado e ignorando a los órganos constitucionales que fiscalizan al ejecutivo. Así ha gobernado en 2020 Pedro Sánchez.

No ha tenido suerte el Senado. Pero tampoco el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han tenido mejor fortuna.

Moncloa ha dado la espalda a sus informes preceptivos a dos iniciativas legislativas de Sánchez de enorme trascendencia y que alteran seriamente el corpus jurídico de España: la Ley de Eutanasia y la reforma del Poder Judicial para limitar sus atribuciones mientras permanece en funciones.

En este último caso, con una argucia parlamentaria muy críticada por los juristas: convertir un reforma integral del órgano de los jueces en una proposición de ley y no, como obliga la enjundia del objetivo, en un proyecto de ley. Una práctica a la que se suman los conocidos como decretazos: cerca de treinta ha firmado Sánchez en el último año aprovechando la pandemia y los sucesivos estados de alarma.

Otro de los órganos fiscalizadores que se une a la Prensa, el Senado o los consejos constitucionales en el trato de Moncloa ha sido el Consejo de Transparencia.

La última muestra tuvo lugar la pasada semana. Con un mes de retraso, el Ministerio de Sanidad obedeció su orden para entregar la lista de los expertos que asesoran al ministro contra la pandemia. Pero a Transparencia llegó la relación de los supuestos asesores sin nombres ni apellidos.

Y así, el nacido como el Gobierno que iba a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas su leit motiv, bate récords de descontrol en apenas un año de vida y ya es el más opaco de las últimas décadas.