El Gobierno desoyó una alerta de la AEMET que informaba del desastre de Filomena

El 5 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología curso un "aviso especial" al Ministerio del Interior, a través de su Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Cumplía el protocolo marcado por la ley, y lo hacía con una precisión que descarta cualquier error de los especialistas en estudiar el comportamiento de la Naturaleza.

Porque cifraba en un altísimo 80% la probabilidad de que una borrasca, bautizado como Filomena, golpeara a España con una agresividad desconocida desde hace medio siglo: su pronóstico se cumplió al dedillo, extendiendo un manto de hasta 60 centímetros de nieve y dejando ahora congelada la práctica totalidad del centro del país.

Pero no hubo reacción, o no al menos la necesaria para un desafío climatológico de esa envergadura: el Gobierno no prohibió la circulación por las autovías de acceso a Madrid hasta que miles de coches y camiones quedaron varados en la nieve. E incluso el ferrocarril de alta velocidad tuvo programadas salidas hasta bien entrada la noche del viernes, sin una suspensión que finalmente se impuso a la fuerza.

El garrafal error no fue tanto ignorar la alerta como no darle la envergadura que la AEMET sí comunicó al Ministerio y que tenía que haber puesto en marcha un dispositivo que solo se activó cuando ya era tarde. Técnicamente, el Gobierno sí dio traslado de Filomena a la opinión pública, pero lo hizo con un perfil bajo y rutinario, el mismo que se aplicaron los dos grandes responsables de la gestión, los ministros Marlaska y Ábalos.

El Gobierno supo con antelación la gravedad de Filomena, pero jugó de nuevo a que pareciera un problema autonómico

Tardaron 48 horas en comparecer, cuando ya era tarde, las mismas que Pedro Sánchez invirtió en ponerse al frente de la supervisión, cuando toda la nieve ya había caído y los estragos eran ya inevitables.

Sobre todo ello deberán dar explicaciones en el Congreso, según confirman a ESdiario fuentes de la oposición, pero no será de inmediato: el Gobierno está exento de sesiones de control, plenos ordinarios y preguntas parlamentarias durante todo el mes de enero, por las largas vacaciones que se toman las dos Cámaras.

Como con el COVID

La reconstrucción del protocolo activado por la AEMET aún hace más inexplicable la tímida reacción preventiva, que recuerda mucho a la del coronavirus: en aquel caso, el Gobierno no dio relevancia a los avisos que la OMS y la Unión Europea le remitieron entre enero y marzo. Ahora, tampoco fue sensible a la alarma activada por sus propios técnicos.

Al contrario, se repitió de nuevo el mismo esquema que con la desescalada: el Ejecutivo se comportó como si la responsabilidad fuera de las Comunidades Autónomas, y en especial la de Madrid, pese a que la Ley a la que ha accedido ESdiario fija con nitidez la cadena de responsables.

Se trata de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y amplía la existente de 1985: el título IV atribuye la responsabilidad fundamental al Ministerio del Interior, bajo la dirección política y la coordinación superior del Gobierno.

Y la deposita en un Consejo Nacional de Protección Civil que tiene la obligación de gestionar la prevención y, después, de movilizar y coordinar los recursos humanos y técnicos para atender los estragos. Sobre la prevención, es contundente:

"La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil consiste en analizar prospectivamente los riesgos que pueden afectar a las personas y bienes protegidos por la protección civil y las capacidades de respuesta necesarias, y en formular en consecuencia las líneas estratégicas de acción para alinear, integrar y priorizar los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias".

Pero también lo es al respecto de las responsabilidades, que deposita en el ministro del Interior, inédito en la crisis hasta ultima hora del domingo: "En cuanto a las competencias de los órganos de la Administración General del Estado en materia de protección civil, a la que se dedica el título IV, se ha optado por seguir atribuyendo la responsabilidad fundamental al Ministerio del Interior, bajo la dirección política y la coordinación superior del Gobierno".

La propia legislación, además, aclara la extraña resistencia o retraso del Gobierno a poner a disposición de las zonas afectadas todos los recursos: lejos de ser una medida de gracia o una especie de favor; Interior, Movilidad o Defensa tienen la obligación de movilizar la UME, los quitanieves y todos los medios a su alcance para atender a las poblaciones más dañadas.

Nada llegó a tiempo, ni con la energía que parecían requerir los acontecimientos. Y mucho menos con la anticipación a la que la misma ley obligaba: "Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deban seguir para prevenirlos. Dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencia como preventivamente, antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes".