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Podemos pierde la batalla en la Audiencia y sigue imputado por su financiación

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la formación morada y seguirá adelante con el proceso abierto por el juez Escalonilla para investigar las cuentas del partido.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias

El líder de Podemos, Pablo Iglesias

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A. Jiménez

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Podemos ha vuelto a perder otra batalla en los tribunales por el 'caso Neurona'. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por la formación morada en contra de la decisión del juez de mantener su condición de investigado y seguirá adelante con el procedimiento abierto para esclarecer su financiación., a la vez que Pablo Iglesias sigue envuelto en el llamado 'caso Dina'.En un auto del 15 de diciembre, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del 10 de septiembre en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, se ratificó en su decisión de investigar a la organización política por haber cometido, presuntamente, un delito electoral y de financiación ilegal, tal y como ya había acordado en una providencia anterior del 28 de julio.

En sendas decisiones, Escalonilla, que en ese momento indagaba sobre cuatro hechos supuestamente delictivos denunciados por el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, optó por acotar la investigación sobre el partido al contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas moradas.De hecho, en su auto señalaba que dicho contrato podría ser "simulado, en cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive, vinculada con la sociedad Neurona Consulting".No obstante, la Audiencia también ha instado al juez instructor a "determinar con celeridad qué delito o delitos cabe atribuirle como tal persona jurídica, de los incluidos en el catálogo de 'numerus clausus' según la legislación vigente aplicable y, más concretamente, con referencia a los hechos incardinables en el artículo 304 bis del Código Penal", referido a la financiación ilegal, con el fin de "evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación".

La Justicia también investiga el supuesto trato de favor del fiscal Ignacio Stampa a Podemos en el marco del 'caso Dina'

Sin embargo, no es este el único asunto pendiente con la Justicia que acorrala a Podemos, ya que mientras el juez Juan José Escalonilla sigue rastreando el desvío de los fondos públicos electorales de Podemos y mantiene imputado al partido, el llamado caso Dina sigue cercando a Pablo Iglesias.En este caso, además, la Fiscalía investiga si la cúpula de los morados tuvo trato de favor del fiscal anticorrupción asignado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. De hecho, el pasado lunes el fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, reclamó al que fuera coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente los chats de Telegram del equipo legal de la formación. Quiere investigar si hubo revelación de secretos por parte de uno de los fiscales adscritos a la operación Tándem, Ignacio Stampa, a la cúpula de Iglesias en el marco de la causa que investiga las actividades irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Junto a ello también está pendiente de la la decisión sobre la investigación del propio juez García Castellón sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham y el posterior uso de los archivos que contenía. El magistrado remitió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que partió de la premisa de que Iglesias "ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria", algo que él ya admitió y que justificó alegando que solo pretendía proteger a su asesora.También señaló que una vez que el dispositivo fue devuelto, ya estaba deteriorado, por lo que el juez pretende que el Supremo aclare las razones que llevaron a la destrucción de la tarjeta, lo que podría constituir un delito de daños informáticos.De hecho, el escrito señalaba que "llama la atención" que Iglesias "mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta, pese a ser consciente de todo lo anterior, y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Bousselham".

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