El PP recoge el guante de los jueces y presenta una reforma del CGPJ pionera

Los intentos de injerencia del Gobierno en el Poder Judicial, a través de la Proposición de Ley Orgánica planteada por el PSOE y Unidas Podemos para recortar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prorrogado, han sido enmendados en su totalidad por el PP en sede parlamentaria.

La condición sine qua non del PP sigue siendo la misma: que Podemos no tenga ningún puesto del CGPJ

El partido de Pablo Casado -quien hasta la fecha se ha mantenido inamovible en sus exigencias a Sánchez para llegar a un acuerdo sobre la renovación del órgano actual: que Podemos no ocupe ninguna silla en el órgano de gobierno de los jueces- ha registrado un texto alternativo en el Congreso. El documento incorpora las exigencias de jueces y magistrados, las directrices de Europa y plantea una reforma del sistema de elección de los miembros de extracción judicial del Consejo que serán elegidos por sus compañeros.Además, los populares, a través de la firma de su portavoz Cuca Gamarra, niegan cualquier posibilidad de acceso al Pleno del CGPJ a quienes hayan ejercido cualquier tipo de cargo político con anterioridad.

Dar voz al Consejo

Entre las múltiples alternativas al proyecto de PSOE y Unidas Podemos, en vías de tramitación urgente, el PP ha incorporado una cláusula para garantizar que el CGPJ tenga que ser escuchado cuando en el Congreso se aborden modificaciones, con rango de ley, de las normas que afectan al Poder Judicial. Una consideración que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, a instancias de una mayoría amplia de su Pleno, exigía sin éxito a la presidenta del hemiciclo, la socialista Meritxel Batet, en un durísimo comunicado hecho público la semana pasada.El máximo órgano de gobierno de los jueces se vio "en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a la modificación de una regulación que afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que" la Constitución "le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".El CGPJ ha decidido dar la batalla institucional contra el rodillo del Ejecutivo que trata de asaltar el Poder Judicial, sin las mayorías parlamentarias preceptivas y tradicionales. No en vano, y a través de su presidente, los miembros del Consejo han reiterado hasta la extenuación su preocupación porque la Mesa del Congreso de los diputados, desatendiese "sin ofrecer razón alguna" -ni la más "mínima explicación"- el trámite de audiencia solicitado formalmente antes de dar luz verde a la modificación promovida por PSOE y Unidas Podemos para reducir sus competencias naturales.La decisión de la Mesa "privará al debate parlamentario" y, "a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial". Y, además, "orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia, obviando, como se ha dicho, cualquier explicación al respecto".

Las líneas rojas de Casado

La interlocución entre el ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable del ramo en el Partido Popular -y actual consejero de la Comunidad de Madrid-, Enrique López, ambos ex magistrados, se han mantenido hasta el último minuto para una renovación pactada del Consejo General del Poder Judicial que, en el caso de los populares, no saldrá adelante salvo que el Gobierno haga gestos concretos en un compromiso real hacia la "despolitización" del actual sistema de elección.PSOE y Podemos se han negado a retirar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ambos registraron conjuntamente en el Congreso de los Diputados, a través de sus respectivos grupos parlamentarios, pese a que el propio Pedro Sánchez confirmó, en la pasada moción de censura de Vox, que darían un paso atrás en el intento por sacar adelante un texto legal que trata de controlar e interferir en los jueces y magistrados y que provocó durísimas críticas de los miembros de la carrera judicial, a través de las principales asociaciones profesionales y de un manifiesto ciudadano suscrito por varios vocales del actual CGPJ.

Sin embargo el PP ha decidido continuar con su pulso y liderar un cambio de tendencia en el mecanismo de elección de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: que sean sus propios compañeros, jueces y magistrados, los que designen a quienes han de representarlos en el órgano constitucional. Una exigencia a la que habría que añadir que el PP no quiere que puedan ser considerados juristas de reconocido prestigio aquellos profesionales que, en su pasado, hayan tenido cualquier tipo de puesto o de responsabilidad política.