La "operación Juan Carlos" se convierte oficialmente en secreto de Estado
El Consejo de Transparencia avala la decisión de Moncloa de ocultar la información relativa a la marcha del Rey emérito a Abu Dabi y su posterior estancia allí, que ya asciende a seis meses.
El Rey Juan Carlos en una imagen de archivo en el Congreso.
Este miércoles se cumple medio año desde la marcha obligada del Rey Juan Carlos a Abu Dabi, y sigue sin haber fecha de vuelta. En navidades trascendió que el monarca emérito quería volver, pero finalmente le convencieron para que no lo hiciera.
Moncloa pretendió desde un principio clasificar como confidencial todo lo relativo a una operación que tensó -y sigue tensando- las costuras de la coalición de Gobierno. Y ahora lo ha conseguido con la colaboración del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este último acaba de desestimar y dar carpetazo, de una tacada, a cinco solicitudes de información formuladas a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el pasado agosto en relación a lo que unos consideran un exilio y, Unidas Podemos y los republicanos, una huida.
Preguntas sobre las reuniones entre Felipe VI y su padre previas a su marcha y para preparar ésta, según ha constatado ESdiario; preguntas sobre si en ellas participaron otros miembros de la familia y en especial la Reina Sofía; preguntas sobre qué miembros del Gobierno, e incluso de otros partidos si los hubiera, estaban en el secreto; preguntas sobre los pormenores de aquel viaje rumbo a la capital de Emiratos Árabes Unidos cuando aquel 3 de agosto toda España se preguntaba dónde estaba Juan Carlos I.
Y también preguntas, cómo no, sobre su estancia en Abu Dabi, quién sufraga su alojamiento en el lujoso hotel Emirates Palace y con qué personal del Estado cuenta a su disposición.
Una imagen del Rey emérito en Abu Dabi publicada por el programa Viva la vida.
Durante meses, la Secretaría General de la Presidencia que dirige Félix Bolaños ha estado dando dando largas a los solicitantes de información. En ocasiones sin contestar siquiera, en otras contestando que no procedía.
La operación Juan Carlos acabó ante el Consejo de Transparencia en septiembre y ahora éste ha respaldado a Moncloa. Para disgusto de Pablo Iglesias y de su partido, empeñados en conocer hasta lo que desayuna el exjefe del Estado.
Los argumentos que da el Consejo son varios, puesto que de entrada la Casa del Rey también está sujeta a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Pero solo en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, he ahí la cuestión.
Según el órgano que ha de velar por la transparencia de las administraciones públicas, las preguntas exceden el ámbito de aplicación de la ley. Que se circunscribe a "las actividades en materia de personal, administración y gestión" de la Casa Real.
En lo que se refiere a Felipe VI, el Consejo afirma: "Se trataría, en su caso de actividades que corresponden a Su Majestad el Rey y no a la Casa Real que, recordemos, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la ley", distinguiendo así entre la persona y la institución.
Extracto de una de las resoluciones del Consejo de Transparencia a favor de Moncloa.
En lo relativo a Juan Carlos I señala: "Se trataría, en su caso de actividades privadas que corresponden a un miembro de la Familia Real, pero no a la Casa de su Majestad el Rey que, recordemos, es el órgano que con arreglo a lo decidido por las Cortes Generales está sometido al ámbito de aplicación de la ley".
Las resoluciones recién dictadas por el Consejo de Transparencia ponen fin a la vía administrativa, aunque los solicitantes de información pueden interponer recurso ante los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin demasiadas esperanzas, no obstante.
Por la vía parlamentaria, la semana pasada, Bildu y ERC registraron una petición de comparecencia para que Carmen Calvo expliqué en el Congreso qué está pasando con Don Juan Carlos en Abu Dabi. No obstante fue rechazada por la Mesa de la Cámara con los votos del PSOE, PP, Cs, Vox y también de Unidas Podemos.
No por falta de ganas, sino porque ambos socios de gobierno tienen pactado que ninguno de los dos apoyará la comparecencia de un ministro sin haberlo pactado antes. Y la vicepresidenta primera no tiene la más mínima intención ni ganas de hablar sobre el Rey emérito en el Congreso.