PSOE y Podemos imponen su fuerza en el Congreso para ningunear al Poder Judicial
La Mesa de la Cámara Baja ha rechazado la petición de los jueces de evitar que se consume el asalto del Gobierno al CGPJ alegando que no tiene competencia para recurrir.
Adriana Lastra y Pablo Echenique, portavoces de PSOE y Podemos
PSOE y Podemos han vuelto a imponer su rodillo parlamentario para consolidar el asalto al Poder Judicial que pretenden consumar, desoyendo la petición de los jueces de "reconsiderar" su postura de maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado. Así, apoyados en la mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso, han dado carpetazo a la petición del máximo órgano de representación judicial, agravando, aún más la disputa entre la Justicia y el Gobierno.
Los partidos que conforma el Ejecutivo de coalición ya impusieron su mayoría en la Mesa del Congreso para tramitar esta reforma por el procedimiento "de urgencia" y para rechazar la petición de la mayoría del CGPJ para emitir un informe sobre el contenido de esa iniciativa.
Días después, el CGPJ, por mayoría de 16 votos frente a cinco, respondió pidiendo al Congreso que reconsidera esa decisión, ya que había desatentido "sin ofrecer razón alguna" -ni la más "mínima explicación"- el trámite de audiencia solicitado formalmente antes de dar luz verde a la modificación promovida por PSOE y Unidas Podemos para recortar las competencias del Consejo.
Ahora, la Mesa de la Cámara, en su reunión de este martes, ha rechazado tal petición alegando que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para recurrir, a pesar de que la decisión no ha sido unánime, ya que tanto el PP como Vox han votado en contra.
Sin embargo, los jueces no están dispuestos a permitir la intromisión del Gobierno en sus funciones, por lo que, tal y como publicó ESdiario, iniciarán "todas las opciones legales" que sea necesario para defender la separación de poderes en nuestro país y hacer valer su independencia frente a los intentos de control de Sánchez y sus socios.
Acudirán a cualquier instancia judicial, tanto nacional como europea, desde el Tribunal Constitucional, hasta la Comisión Europea y el Consejo de la UE con el fin de que la propuesta del Gobierno del limitar sus funciones sea paralizada.