El Gobierno tiene el "demoledor" informe sobre los fondos pero no lo publica

El Consejo de Estado ha confirmado que el pasado 21 de diciembre emitió un dictamen sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos porque el Gobierno se lo pidió. Moncloa lo tiene, e incluso aseguran que tomaron en cuenta alguna de sus consideraciones, pero ni lo ha remitido a las Cortes ni lo hará público. De esta manera, sale al paso de la denuncia del PP que ha criticado al Gobierno de "ocultar" y "mutilar" el informe, ya que, como era "contrario a sus intereses" lo "eliminó". Fuentes del PP admiten que no es preceptivo pero "una vez solicitado forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio de procedimiento que puede hacer nulo el decreto".

Por ello, ha adelantado que el Grupo Popular ya ha registrado una petición oficial de información al respecto y ha denunciado que sería "la primera vez en la historia democrática" que se hace algo así. Es más, ha advertido de que es "un escándalo que puede anular el decreto y puede hundir aún más la reputación de su Gobierno". "¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?, ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar?", se ha preguntado.

Ciudadanos asegura que el informe es "demoledor"

Desde Ciudadanos apuntan a que, según los "rumores" que le han llegado, este documento es "bastante extenso", al contar con 96 páginas, y es "demoledor" en su análisis sobre el decreto ley. Sospecha que esto realmente es así porque si las conclusiones del Consejo de Estado hubieran sido positivas, el Gobierno "se hubiera apresurado a presentarlo" en el expediente a la Cámara para la convalidación de la norma.Por ello, su portavoz, Edmundo Bal, ha aseverado que Consejo de Estado "no es el despacho privado de abogados del Gobierno", sino que es una garantía de cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Por ello, se ha preguntado "qué miedo tiene" el Ejecutivo a que se conozca la opinión de este órgano cuya función es ofrecerle asesoramiento jurídico "con condiciones de imparcialidad y objetividad y en garantía de los derechos de los ciudadanos".Sin embargo, desde el Gobierno, se niega la mayor y se escudan en la falta de obligatoriedad de remitirlo a las Cortes, ya que ni siquiera estaba obligado a pedirlo. Así, explican que, tras recibir el dictamen que solicitó 'motu propio' al Consejo de Estado, se atendió lo que se consideró apropiado y que, de hecho, se incluyeron algunas de sus recomendaciones.No obstante, el Ejecutivo ha querido dejar claro al mismo tiempo que "es soberano para dejarse influir en lo que se le aconseja" y aseguran que harán público el informe cuando lo tramiten y lo consideren oportuno, sin concretar más al respecto.