El parlamento balear investiga un escándalo por el cobro de dietas irregulares

Los parlamentarios de están bajo sospecha. Una denuncia anónima ha llegado a la Oficina Anticorrupción de la cámara, cuyo presidente ya está estudiando la posibilidad de abrir una investigación aún más profunda ya que algunos representantes podrían estar cobrando dietas de forma irregular.El director de la oficina, Jaume Far, ha sido el encargado de confirmar que la denuncia hace referencia al cobro de dietas por asistencia a reuniones de diputados cuando no estaban allí. ar ha indicado que la misma "viene sin apenas documentación y es muy escueta". Por este motivo, ahora mismo la Oficina está en pleno proceso de petición de más datos para comprobar si realmente se ha producido el fraude o no.

Según ha adelantado el periódico 'Última hora', el escrito hacía referencia especialmente a los parlamentarios de Menorca e Ibiza, que son quienes las cobran, aunque también está bajo sospecha el kilometraje que pasan algunos diputados de Mallorca que viven en municipios de la Part Forana.

En concreto, el presunto fraude radicaría en que algunos parlamentarios, de los que no ha trascendido su identidad, pasarían la dieta a diario, a pesar de que la actividad parlamentaria se concentra únicamente de martes a jueves, por lo que cobrarían dietas que no corresponden, llegando a acumular un sobresueldo de 1.200 euros.

Más polémicas en Baleares por la vacunación de altos cargos

Pero no es este el único escándalo que sacude al parlamento balear, sino que también, desde PP y Cs se ha pedido que se investigue la posible vacunación irregular de algunos altos cargos del Gobierno presidido por la socialista Francina Armengol, que precisamente se encargaban de la gestión de la vacunación.

Sin embargo, el director de Anticorrupción ha señalado que si alguien incumple una ley, "se puede hablar de delito o infracción, pero si no hay normativa difícilmente podemos acusar". "Norma no hay, lo que existe es un protocolo de vacunación", ha recalcado, para a continuación afirmar que "si un cargo público se ha saltado el protocolo por abuso de autoridad, habrá que estudiar el caso".

En palabras de Far, se trata "más de un tema ético o moral que de malgasto de dinero público", que es donde la Oficina Anticorrupción "tiene su competencia". "Intervenimos cuando se han malgastado fondos públicos. Es verdad que la vacuna tiene un coste, pero al final habrá que ponerla", ha aseverado. No obstante, ha reconocido que es un tema "complejo" y, por ello, esta semana próxima se reunirá con las oficinas antifraude de Cataluña y Valencia para "decidir un criterio común a seguir".primir