La imputación de Monedero en el caso Neurona por una comisión sacude Podemos
Los investigadores le acusan de fabricar una factura falsa para justificar los más de 26.000 euros que cobró por un trabajo de consultoría que no realizó. Su partido guarda silencio.
Juan Carlos Monedero declarará como investigado el 15 de marzo.
Juan Carlos Monedero ha sido imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid en el caso Neurona acusado de falsificar una factura para cobrar una comisión de 26.200,31 euros de la consultora mexicana por servicios de consultoría política que nunca prestó.
El cofundador de Podemos y factótum de Pablo Iglesias tendrá que declarar como investigado ante el juez Juan José Escalonilla el próximo 15 de marzo, dentro de la instrucción sobre la presunta financiación irregular de uno de los dos partidos de la coalición de gobierno.
El pasado viernes se conoció un informe de la UDEF en el que los investigadores revelaban que Monedero había recibido el ingreso el 25 de enero de 2019, pero el banco bloqueó provisionalmente su cuenta corriente a la espera de que acreditara la procedencia del dinero.
Para ello, el cofundador de Podemos entregó una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México". No obstante, la policía judicial cree que es "falsa" y que la fabricó a posteriori para tapar una comisión que se llevó por los supuestos trabajos de Neurona para Podemos en la campaña de las generales de abril de 2019.
De ser cierto habría incurrido en un delito de falsedad documental, aunque la providencia del juez no detalla posibles cargos. Podemos, que otras veces se da tanta prisa en valorar las imputaciones ajenas, esta vez aún no se ha pronunciado. Monedero, tampoco.
El juez Escalonilla trata de aclarar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada por Podemos por 363.000 euros para la campaña de las generales de abril de 2019. Porque sucede que la mercantil fue creada ad hoc para la suscripción de dicho contrato con el partido sin disponer de "experiencia alguna previa en la prestación de tal tipo de servicios en el curso de una campaña electoral" y sin trabajadores.
En el origen de la instrucción están las acusaciones del exabogado del partido, José Manuel Calvente.
Además, Escalonilla ha requerido este martes a Podemos para que en el plazo de cinco días "informe si tenía conocimiento del aumento de sueldo de la gerente, Esther del Val, y del tesorero, Daniel de Frutos, y de otros trabajadores del partido, mediante la inclusión de un complemento de coordinación en la nómina y, si en su caso, tal subida de sueldo fue aceptada por el Consejo de Coordinación, presentando copia del acta".
Los supuestos sobresueldos son una de las cuestiones incluidas en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por Calvente. De los hechos denunciados por éste, el instructor ha archivado ya los referidos a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede, la supuesta 'Caja B' y el presunto acceso no consentido al disco duro de la abogada de Podemos Marta Flor.
Sin embargo, ahora las acusaciones populares sopesan pedir a Escalonilla que indague también en los nuevos hechos mencionados por Carmona, entre ellos .