El Gobierno entra en erupción por la negativa de Ábalos a limitar los alquileres
Las negociaciones entre ambos socios sobre la Ley de Vivienda han descarrilado después de que el ministro del ramo haya roto unilateralmente el compromiso que suscribieron en octubre.
La cuerda de la coalición de gobierno de la que tiran el PSOE y Unidas Podemos se ha tensado un poco más este lunes. Esta vez por el lado socialista.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha cercenado las aspiraciones de los morados respecto a la nueva Ley de Vivienda que prepara el Gobierno al anunciar que ésta no incluirá la limitación del precio del alquiler; apostando en su lugar por los incentivos fiscales para precios contenidos.
"Es más positivo y eficaz promover que no imponer", según el también secretario de Organización de los socialistas. Cuyo plante ha paralizado nuevamente el proyecto de ley a las puertas del Consejo de Ministros: tampoco irá al de esta semana, y sigue encadenando retrasos.
La noticia ha hecho montar en cólera a los de Pablo Iglesias. No en vano en octubre, en el marco de las negociaciones para los Presupuestos Generales de 2021, ambas formaciones pactaron "regular la contención de las rentas del alquiler en la Ley de Vivienda". Ésta, además, debía ser aprobada en un Consejo de Ministros en tres meses y enviada al Congreso en cuatro.
De hecho, el acuerdo fue tuiteado con trompetería por el PSOE en su cuenta de Twitter el pasado 27 de octubre. "Reafirmamos nuestro compromiso en impulsar medidas para una vivienda digna y accesible", presumían entonces:
La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y negociadora de Unidas Podemos con Ábalos, Ione Belarra, ha recordado en sus redes sociales a Sánchez que "lo pactado obliga".
También lo ha hecho Podemos en su cuenta de Twitter y, a partir de ahí, decenas de cargos públicos de la formación han iniciado una acción coordinada al grito de #RegulaciónAlquileresYa:
La semana pasada Belarra y el secretario general para la Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, reanudaron las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda, que habían quedado pospuestas hasta después de las elecciones catalanas.
La limitación del precio de los alquileres no es el único punto de fricción entre ambos socios. También lo son la prohibición de los desahucios y las obligaciones para los grandes propietarios (un concepto por definir), a los que Iglesias quiere forzar a que destinen parte de sus activos al alquiler social.