El informe del Consejo de Estado ocultado alerta del descontrol de los fondos UE

La oposición pensó mal y acertó. elaboró acerca del real decreto ley sobre los fondos europeos porque éste era todo un misil en la línea de flotación del Gobierno y su política de reparto de los 140.000 millones de euros, al margen de cualquier órgano independiente.

La presión del PP y Ciudadanos durante el último mes ha surtido efecto y finalmente el Ministerio de la Presidencia ha dado permiso al Consejo de Estado para publicar en su web las 97 páginas del documento que la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia escamoteó del expediente (puede leerlo aquí). En él, los miembros de la Comisión Permanente del Consejo muestran de forma unánime su "preocupación ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".

Y añaden que, además, en todo el real decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no han encontrado "las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".

En otras palabras. El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del país, cuestiona la falta de celo y controles suficientes por parte del Gobierno de Sánchez para garantizar que el dinero se emplea correctamente. Que es, al fin y al cabo, la misma crítica que hicieron el PP y Ciudadanos en el Pleno del Congreso en el que fue convalidado a finales de enero, con la sorprendente abstención de Vox.

De hecho, la semana pasada los populares presentaron una proposición de ley en el Congreso para crear una autoridad independiente que gestione los fondos y evite el "clientelismo" y el "oscurantismo". Algo que, según Pablo Casado, ya han hecho la "mayoría de países europeos".

Por contra, en España a mediados de febrero se constituyó formalmente la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, la que repartirá los fondos. Está formada por el presidente, todos los ministros, varios secretarios de Estado del ámbito económico, miembros del Gabinete de Sánchez... y hasta ahí. Todo queda en Moncloa.

Un dictamen de tal trascendencia en cinco días

El Consejo de Estado empieza recriminando al Gobierno las prisas con las que Calvo acudió a él el 16 de diciembre, por lo que hubo que convocar una reunión extraordinaria y telemática de la Comisión Permanente el día 21 para aprobar el dictamen un día antes de que el decreto ley fuera a la mesa del Consejo de Ministros. Disponiendo de "escasos días para examinar un proyecto normativo tan extenso y de tanto calado, lo que hace muy difícil un estudio pormenorizado del mismo, máxime si se tiene en cuenta que el expediente remitido únicamente contiene la versión definitiva del proyecto y la escueta memoria que lo acompaña".

Carmen Calvo pidió el dictamen al Consejo de Estado el 16 de diciembre, sin apenas margen.

Es un dictamen -aclara- "con carácter potestativo (no había obligación ni de pedirlo ni de cumplirlo), habiéndolo así solicitado la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática".

El dictamen alerta de una 'significativa reducción de los mecanismos de control'

Después entra en harina y reprocha al Ejecutivo que bajo el pretexto de agilizar el flujo de fondos descuide la vigilancia. "Lo que no parece acertado es que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos, conforme a derecho y ajustada al marco presupuestario", sostiene.

A renglón seguido alerta del peligro de que los proyectos se adjudiquen sin "informes preceptivos que resultan exigibles", sin "el régimen de autorizaciones pertinente" o sin la "fiscalización previa" de los interventores.

A lo largo de todo el dictamen, el Consejo de Estado insiste machaconamente en la "necesidad de extremar el celo en la fase preparatoria de los contratos, articulando mecanismos que aseguren que los proyectos son viables, y de establecer un riguroso y eficaz sistema de responsabilidades para los autores de los proyectos y sus supervisores". Para que si hay sobrecostes o incumplimientos el Estado tenga las espaldas cubiertas.

El Consejo de Estado advierte de la ligereza con la que se pretenden conceder algunas subvenciones

Casi 100 páginas dan para mucho, así que aún hay más. El órgano consultivo expresa "algunas dudas" sobre la posibilidad de que no sea necesario un informe del Ministerio de Hacienda para la concesión de ciertas subvenciones en los supuestos en que 'se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública', reza el decreto ley. A juicio del Consejo de Estado debería ser todo lo contrario: "Cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones".

Y, rizando el rizo, los consejeros afean al Gobierno de coalición que incumpla algo tan básico como "la exigencia del análisis del impacto presupuestario" de este real decreto ley, que "haga referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público". Y recuerdan que aunque a raíz de la pandemia se ha relajado el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, "es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos".