Sánchez monta su espectáculo con una apisonadora para 'apuntarse' el fin de ETA

Sánchez ya ha tenido el espectáculo que buscaba. Con una apisionadora se han destruido más de 1.300 armas incautadas a las organizaciones terroristas ETA y Grapo en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil en Valdemoro (Madrid). Un acto más mediático que efectivo ya que es práctica habitual esta destrucción y lo que ha provocado el enfado de las víctimas, que lo han tildado de pura propaganda.

Así, las llamadas 'Producciones Redondo', en referencia al hombre fuente y que maneja la política comunicativa de Moncloa, Iván Redondo se han puesto en marcha este jueves, haciendo público un acto que es más que habitual en la Guardia Civil, que suele deshacerse del armamento fundiéndolo, algo que efectivamente hará tras este despliegue publicitario.

Además, Sánchez, durante su discurso ha intentado apuntarse el tanto de la disolución de ETA, al asegurar que estaba cargado de un gran "simbolismo" y por el "significado que tiene para la democracia española". Además, ha incidido en ello al insistir que "quien entrega las armas, acepta la derrota" y que este aplastamiento "levanta acta de la derrota de ETA".

Por ello, en el acto, no han estado presentes algunas de las asociaciones de víctimas como Covite, aunque otras como la AVT si lo hacen, pero solo en forma de homenaje a las Fuerzas de Seguridad, las grandes protagonistas de la incautación de dichas armas, aunque todas coinciden en que se trata de un nuevo acto promocional de Moncloa.

De hecho, para la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, la celebración de este tipo de actos "propagandísticos" buscan ocultar el "rotundo fracaso del Estado de derecho con las víctimas del terrorismo, especialmente con las de ETA", a las que "a más de la mitad se les han negado sus derechos a la verdad y a la Justicia". "¿Cómo vamos a ir a un acto público en el que se destruyen las armas con las que han asesinado a nuestros familiares? ¿De verdad alguien cree que esto es motivo de celebración?", se ha preguntado.

Según ha remarcado, "jamás" irían a un acto público "en el que se destruyen pruebas que han podido servir para esclarecer los asesinatos de nuestros familiares". "Nos han asegurado que las armas que se van a destruir ya no tienen valor judicial para futuras investigaciones, pero es lógico que tengamos dudas sobre si servirían para esclarecer alguno de los más de 350 crímenes de ETA que todavía están sin resolver", ha destacado.

Indignación entre las víctimas

La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, tampoco ha estado presente en el acto porque considera que el Gobierno busca "tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo", citando los más de 150 acercamientos de presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra aprobados por el Ejecutivo de Sánchez.

También, el presidente del PP vasco y del grupo parlamentario de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha criticado que el acto de destrucción de armas de ETA y de los GRAPO es "otro paripé" de Sánchez, para "humillar a las víctimas".

Iturgaiz ha criticado que "el Gobierno socialcomunista de Sánchez destruye las municiones de hierro de ETA" y, "al mismo tiempo, le da al entorno de ETA munición política pactando con los proetarras de Bildu la política penitenciaria y blanqueando sus siglas".

Y es que, mientras Sánchez acude a un acto de destrucción de armas, su política va encaminada hacia otro camino. Sus pactos en el Congreso de los Diputados con Bildu son solo una muestra de lo que se esconde detrás.

A día de hoy, de los 188 presos encarcelados en España, 151 de ellos –según la AVT– ya se han beneficiado de la política penitenciaria del Gobierno marcada por los acercamientos de los condenados a las prisiones vascas, por lo que solo 37 terroristas los que no han obtenido ningún favor del Ejecutivo.

Entre los beneficiados, además, se encuentran 63 presos condenados por delitos de sangre que han segado la vida de más de 150 personas, algo que siempre ha indignado a las víctimas de la banda terrorista.

Junto a ello, cabe destacar que en las cárceles vascas ya se encuentran acercados 30 presos de ETA que se verán beneficiados por el traspaso en las competencias de la gestión de las prisiones que pasará a manos del Gobierno de Urkullu de forma inminente, y que permitiría al propio lendakari gestionar la política penitenciaria, dejando en sus manos la concesión del tercer grado, si así lo estima oportuno, tal y como ya ocurre en el caso de Cataluña y que ha permitido la semilibertad de los presos condenados por el 1-O.