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La Fiscalía estrecha el cerco a Colau y cifra el "agujero" en 3.4 millones

La denuncia de una asociación de abogados sobre el descontrol de las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona toma cuerpo y el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto.

Ada Colau, este martes en Al Rojo Vivo.

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El escándalo de las subvenciones en el Ayuntamiento de Barcelona toma cuerpo y amenaza a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La Fiscalía ha aceptado la denuncia del grupo Abogados Catalanes por la Constitución y ha abierto una investigación a Colau, y a otras responsables del consistorio por presuntamente conceder subvenciones de forma directa a varias entidades sociales afines a los Comunes, han explicado fuentes del Ministerio Público.

Los denunciantes atribuyen a la regidora podemita presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias. La primera estimación de la Fiscalía sobre el presunto fraude habla ya de 3.4 millones de euros.

El descontrol de los fondos públicos se refiere a subvenciones del Ayuntamiento al Observatori DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres .

La denuncia también recae en la exconcejal Gala Pin, la teniente de alcalde Laia Ortiz, la asesora municipal Vanesa Valiño, la concejal Laura Pérez, y la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, ya que supuestamente este centro de derechos humanos recibía las .

las subvenciones dirigidas al resto de entidades.

En una entrevista en Rac 1, Colau se ha justificado en que las subvenciones municipales a la PAH y al Observatorio Desc vienen del mandato del exalcalde de CiU Xavier Trias y que el Gobierno de BComú y PSC se limitó a renovar "un convenio que ya existía".

Pero, además de las subvenciones a la PAH y al Observatori Desc, la asociación ha denunciado a la Fiscalía presuntas irregularidades en las concedidas a la Alianza contra la Pobreza Energética y a la asociación Enginyeria Sense Fronteres y Colau ha defendido que todas ellas "están justificadas" y que se han concedido siguiendo la normativa.

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