La magistrada Natalia Velilla: "Es injustísimo hablar de 'Justicia patriarcal'"

Natalia Velilla (Madrid, 1973) es magistrada, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en Derecho de Familia. Madre de tres, ha desarrollado una sensibilidad especial para actuar en uno de los ámbitos más delicados y complejos de la Justicia y, sin embargo, dicen de ella que tiene una energía imponente en Sala y que es tan firme y estricta como paciente, respetuosa y ajustada en la aplicación de la norma a la realidad.

Bajo la toga, que viste por vocación y con determinación, hay una mujer muy humana, comprometida con el rigor, en general, y con la independencia del Poder Judicial, en particular, y una gran divulgadora en tiempos donde decir la verdad se ha convertido en un acto de valentía.

- En libro se habla de las limitaciones y la soledad del trabajo de juez. ¿Qué es lo más difícil?

- A la soledad del juez te acostumbras en seguida, pero es lo primero a lo que te enfrentas cuando tomas posesión de tu primer destino. Diecisiete años después sigue habiendo veces en las que sientes físicamente el peso de la responsabilidad en lo que haces porque, aunque recurribles, a veces nuestras resoluciones no son infalibles.

Hay dos cosas muy difíciles para cualquier juez en España: la primera, y aunque resulte repetitivo, la falta de medios. Como cuento en el libro, no es lo mismo sufrir un abuso sexual en un pueblo que en una capital, porque el tratamiento de las víctimas es muy dispar. La segunda, darte cuenta de que los problemas no se resuelven con sentencias. Tú puedes dar una respuesta jurídica a una controversia, pero no puedes hacer que un hijo quiera a su padre o que un menor en desamparo pueda tener el mismo futuro que otros niños que han tenido mejor suerte que él. Las herramientas de las que disponemos son paciencia, pelea constante con las administraciones y altas dosis de creatividad.

- "Un juez es un profesional a quien sistemáticamente todos quieren engañar o persuadir". La afirmación es aplastante.

- Esta frase se la digo a veces a mis hijos cuando tenía dudas de si se habían lavado los dientes o si habían terminado sus deberes: “Mi trabajo es detectar mentirosos, todo el mundo trata continuamente de engañarme”. Sí, la frase resulta llamativa y quizá en frío suene exagerada, pero la realidad es que el procedimiento judicial tiene como único fin convencer a un juez. Se puede intentar mediante persuasión o mediante engaños. Después de años escuchando las distintas versiones que cada parte da sobre un mismo asunto, acabamos adquiriendo una cierta destreza en detectar la mentira. Por eso es tan importante la inmediación judicial.

- Su trabajo es deshojar lo que ha llamado la "alcachofa litigiosa".

- Me gusta hablar con metáforas porque es una forma fácil de hacer entender a los demás los conceptos abstractos. Los jueces tenemos una posición privilegiada para saber qué es lo verdaderamente importante y controvertido del pleito. Los abogados van al proceso con un conjunto de pruebas y alegaciones pero el juez, escuchadas las dos partes y aplicadas las reglas básicas procesales, separa el grano de la paja y se queda con el núcleo del litigio. Como cuando preparas alcachofas: para cocinarlas hay que arrancar la mayor parte de las hojas exteriores hasta quedarte con el corazón. Eso es lo que hace el juez, deshojar el proceso de hechos no discutidos para quedarse con la esencia de la petición. Después, resuelve.

No me acostumbro a ver a niños destrozados por el egocentrismo de padres y madres

- Califica al Derecho de Familia como "el derecho más triste". ¿Es el gran reto de la sociedad en los próximos años?

- Sin duda. Creo que debería ser una especialidad propia, como lo es Mercantil, Menores o Laboral, para adaptarse mejor a una sociedad que no ha dado regulación para las 'nuevas familias', formadas por parejas con hijos anteriores, por ejemplo, o a los procesos de familia que son, a menudo, demasiado rigurosos y formalistas e impiden dar respuestas rápidas a determinadas situaciones. El derecho de familia debería diseñarse como una red de apoyo a los juzgados con profesionales adicionales como psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, psiquiatras...

Para mí es el más triste porque no me acostumbro a ver a niños destrozados por el egocentrismo de padres y madres que sólo culpan al otro de lo que les pasa, sin hacer autocrítica.

- Y en la discapacidad y la enfermedad mental, ¿han abandonado los legisladores su responsabilidad?

- Dedico muchas líneas de mi libro a esta cuestión. Más allá de modificaciones legislativas impregnadas de 'buenismo' en las que se apela a la manoseada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, no se hace nada. Hay reformas legislativas que deben ser acometidas con urgencia pero que no parecen importar a nadie.

Las personas con discapacidad y los enfermos mentales no pueden luchar por sus derechos más básicos, y sus familias, agotadas y sobrepasadas, no están para manifestaciones ni plataformas, dedican todas sus energías a cuidar de ellos. Es una verdadera vergüenza que tengan que hacerlo sin ayudas de ningún tipo. La única herramienta jurídica de la que disponemos es la posibilidad de ingresar a alguien con un brote en un hospital psiquiátrico para que le mediquen y estabilicen. En cuanto se encuentra bien le dan el alta y vuelta para casa, sin solución definitiva en el horizonte.

- Con esa misma perspectiva crítica habla de que la LIVG es un engaño...

- En el libro hablo de que a las administraciones públicas se les llena la boca denunciando la violencia que sufren las mujeres y, sin embargo, nadie hace nada para que la cobertura que se da a estas víctimas sea la misma en todas partes. Una mujer que sufra violencia en un pueblo no es atendida de la misma manera que una que vive en una gran ciudad. En los pueblos hay una doble victimización por la falta de medios específicos y lo cerrado de una sociedad en la que es difícil rehacer tu vida.

No creo que la desigualdad se arregle legislando una y otra vez sin dotación presupuestaria específica ni que la violencia de género se evite con castigos. Garantizar la igualdad de oportunidades, fomentar la educación en igualdad y favorecer la corresponsabilidad sí puede contribuir a hacer individuos más libres y respetuosos.

- Usted sostiene que "el derecho no arregla la vida de las personas" y que "el dolor, la enfermedad y la miseria no se curan con leyes". ¿Cree que los ciudadanos abusan de los tribunales?

- No creo que los ciudadanos abusen de los tribunales, sino que la administración negligente se aprovecha indirectamente de los tribunales para dar patadas al balón. Cualquier juez de guardia de cualquier partido de España ha tenido que enfrentarse a problemas que no son jurídicos, sino sociales, creyendo que los jueces somos omnipotentes y se llevan un chasco al ver que no les damos ninguna solución. Es algo muy frustrante y triste. El derecho llega a donde llega, los problemas sociales no se solucionan con sentencias.

- Y el debate sobre la ideologización de los jueces, ¿está magnificado?, ¿pueden y sobre todo deben tener ideología los jueces?

- En una sociedad en la que todo es política resulta imposible evitar que no se hable de la ideología de los jueces. Decir que los jueces no la tenemos es, como digo en el libro, pretender que seamos seres angelicales y asexuados. Los jueces somos personas y formamos parte de la sociedad. Pagamos impuestos, usamos los servicios sanitarios y educativos, leemos la prensa y tenemos familiares emprendedores, trabajadores o en paro. ¡Claro que tenemos ideología, religión, condición sexual y equipo de fútbol al que animar! Si un juez te dice que no tiene ideología, miente.

No somos justicieros que apliquemos la equidad o lo que nos parece bien o justo

Otra cosa es que la ideología propia nos influya a la hora de decidir y aquí la respuesta es 'no'. Un juez es un técnico en derecho, entrenado para aplicar la ley al caso concreto. No somos justicieros que apliquemos la equidad o lo que nos parece bien o justo. Nosotros no entramos a valorar si los actos de las partes son morales, éticos, correctos o deleznables sino si lo que se pide se puede conceder al aplicar la norma a los hechos probados. Si un juez no aplica la norma y resuelve 'en conciencia' está prevaricando.

- ¿Cómo se ven desde su posición de magistrada las recientes negociaciones políticas sobre la renovación del CGPJ?

- No conozco a ningún juez que esté cómodo con lo que está pasando. Cada noticia que sale sobre la renovación del CGPJ es una muesca más en la percepción ciudadana de politización de la Justicia y el CGPJ no es el Poder Judicial. De hecho, el CGPJ no dicta sentencias. Estamos en la peor crisis judicial de la democracia. La coalición en el Gobierno ha impulsado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que no puede ser interpretada más que como una especie de extorsión al Partido Popular. Y el PP ahora se hace el estupendo cuando pudo haberla modificado, con mayoría absoluta, para despolitizar los nombramientos de los vocales.

- Señala a los políticos por "mercadear" con el Poder Judicial pero, ¿cree que se judicializa la política en España?

- Sí. A la vista está la reciente controversia sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid. Se acude con demasiada frecuencia a los tribunales para deshacer entuertos ocasionados por la mala praxis política.

Nuestros dirigentes, en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos, crean nuevos problemas que acaban en los tribunales. Recordemos la declaración del estado de alarma y la cantidad de resoluciones que hemos tenido que dictar sobre las infinitas controversias que se han suscitado. Pues no aprendemos. No se ha llevado al Parlamento ningún proyecto de ley que regule de manera más precisa la situación de emergencia sanitaria. Seguimos con leyes antiguas e insuficientes que obligan a los jueces a decidir caso por caso, incluso sobre competencias entre administraciones, causando una tremenda inseguridad jurídica.

Tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa en los delitos contra la libertad sexual

- ¿Es la Justicia patriarcal?, ¿les falta a los jueces y magistrados voz ante la sociedad?

- Me parece injustísimo que se hable, como concepto, de 'Justicia patriarcal'. La Justicia cree a las víctimas de delitos contra la libertad sexual y castiga a sus autores con uno de los códigos penales más duros de Europa en la materia y reconoce, a diario, los derechos de las mujeres ante los abusos quienes las discriminan por razón de su maternidad o lactancia. Pero creo que España no es en general un país machista, sino que hay machistas que aún no se han dado cuenta de que su tiempo ha pasado.

La Justicia es todo lo machista que pueda ser nuestra sociedad porque, como he dicho,los jueces formamos parte de la sociedad. Lo que pasa es que las sentencias positivas no causan tanto revuelo como aquellas que no gustan a la opinión pública ante la ausencia clamorosa de portavoces en el Poder Judicial. Nadie sale a explicar las sentencias, ni por qué las dicta un tribunal. Carecemos de voz ante los ciudadanos y por eso me decidí a escribir este libro.

- Entonces, ¿hay un cierto conflicto entre Justicia y medios de comunicación? ¿Qué opina de las filtraciones?

- En el libro hablo, por un lado, de los periodistas de tribunales y, por otro, de los programas sensacionalistas y de sucesos. Los periodistas de tribunales en España son excelentes, en general. Sois profesionales formados y muchos de vosotros sabéis tanto o más derecho que algunos juristas. Da gusto leeros y ver cómo sois capaces de transmitir con palabras sencillas cuestiones complejas. Creo que hacéis un magnífico trabajo.

El problema surge cuando determinados programas sensacionalistas buscan el morbo de un determinado asunto y ensucian la investigación y producen una victimización secundaria de los afectados o ayudan a la 'pena de telediario' de los investigados, afectando a su derecho a la presunción de inocencia. La libertad de prensa es imprescindible para la democracia, pero debería haber una mayor autorregulación de los medios de comunicación para abstenerse de interferir en las investigaciones judiciales filtrando determinados contenidos. En España se es muy permisivo con las filtraciones. Algo que, en realidad, constituye un delito.