Sánchez y su mayoría Frankenstein imponen la Ley de Eutanasia en plena pandemia

Sánchez ha conseguido en tiempo récord tener aprobada su Ley de Eutanasia. Era un empeño personal del presidente que llevaba batallando por ello desde hace años y ahora por fin lo ha logrado gracias a los apoyos de los independentistas, los nacionalista y un Ciudadanos que se ha echado en los brazos del Gobierno.Además, el Ejecutivo aprueba este "derecho" en plena pandemia y sin ningún rubor, cuando el número de fallecidos no para de crecer, rozando los 100.000, siendo precisamente los más débiles y los ancianos, los más afectados por ello.

Así, nueva norma aprobada por Sánchez entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en España a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias ha asegurado que "es un día importante para las personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento. Hoy damos un paso más en el camino de progreso iniciado con la presidencia de Pedro Sánchez hacia una sociedad más justa, más decente y que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros", ha dicho Darias, para recordar que la aprobación de la eutanasia responde a una demanda "muy importante" de la sociedad española.

Vox ya ha anunciado que recurrirá al TC para paralizar la norma

Sin embargo, la nueva norma nace ya con el rechazo frontal de parte de la Cámara. PP, Vox, Foro Asturias y UPN han votado en contra, después de que los populares y la formación de Abascal ya presentasen sendos textos aternativos para establecer mejoría en la regulación de los cuidados paliativos pero no obtuvieron el respaldo del Congreso.

Por ello, ambos partidos ya han anunciado que harán todo lo posible para evitar su implantación. El PP ha denunciado desde el inicio la prisas con las que el Gobierno ha querido implantar una norma con un marcado perfil ideológico, además de ser "poco rigurosa y carente de rigor técnico, sanitario, jurídico y parlamentario".

De hehco, el diputado del Grupo Parlamentario del PP, José Ignacio Echániz, ha afirmado que la ley de eutanasia es un "atentado" al respeto a la vida y dignidad humana y un "acto antimédico". Además, ha criticado que se vaya a crear una "lista negra" de sanitarios objetores de conciencia, ya que es un "insulto" a estos profesionales. "Se trata de un chantaje intolerable", ha criticado.

Por su parte, Vox ya ha anunciado que van a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y, además y hasta que no se produzca la sentencia, solicitará la paralización de la normativa. "Le haremos frente y, más pronto que tarde, ganaremos y daremos esperanza a quien la ha perdido y, así, protegeremos la vida a todos los españoles", ha detallado. Y es que, a su juicio, este jueves se ha consumado el "plan" del Gobierno de implantar "la cultura del descarte y de la muerte", lamentando que se haya rechazado implantar los cuidados paliativos en España para aliviar el dolor y sufrimiento.

Pero la ley no solo no cuenta con el rechazo de los partidos políticos, sino que también reconocidos juristas, como el exfiscal General del Estado socialista, Eligio Hernández, ya señaló en que la laguna principal que tiene la Ley de Eutanasia es la marginación en la aplicación de la Ley, de los Jueces y del Ministerio Fiscal, que, precisamente, tienen como funciones principales la garantía de los derechos (artículo 117.4 de la Constitución), y la promoción de la justicia en defensa de los derechos (artículo 124.1 de la Constitución), sobre todo del derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución). Esta laguna puede ocasionar la inconstitucionalidad de dicha Ley al excluir la resolución judicial de incapacitación.

Según el exfiscal, la declaración extrajudicial de la incapacidad de hecho carece de garantías, puede producir abuso, y deja indefenso al paciente. Las garantías que establece la ley para ayudar a morir al enfermo terminal son importantes, pero no son las garantías constitucionales para la defensa y protección de los derechos fundamentales.