El Gobierno tendrá que explicar al Supremo el millonario rescate de Plus Ultra
Vox se ha querellado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal contra el Consejo de Ministros por varios delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude fiscal.
Ábalos, este miércoles en el Congreso.
El Gobierno, de nuevo, ante el Supremo. Una querella registrada por Vox en el Alto Tribunal por el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra, obligará a Sánchez a dar en sede judicial todas las explicaciones que, hasta la fecha, no ha prestado en clave política.
El escrito de la formación de Abascal -apuntando a varios delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento- se ha acelerado una vez conocido que el titular de Transportes, José Luis Ábalos, quien negó que su Ministerio hubiese intervenido en la polémica operación, emitió un informe decisivo para que los gestores del fondo estatal SEPI dieran el visto bueno a la decisión gubernamental.
Vox se ha querellado ante el Alto Tribunal contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo Gestor del Fondo para las ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como ya anunció el ayer en el Congreso el diputado Víctor González de Coello de Portugal tras denunciar durante su intervención desde la tribuna del hemiciclo los vínculos de la aerolínea venezolana con el Gobierno de Nicolás Maduro y, en especial, con algunos de los miembros más destacados del mismo.
A juicio de Vox, la compañía Plus Ultra no reunía los requisitos establecidos en por la ley -RD-Ley 25/2020 y Orden PCM/679/2020- para beneficiarse de la ayuda recibida, porque "ni es una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el COVID-19 como exige la norma", sino que "atravesaba una grave situación económica con grandes pérdidas económicas casi desde su creación".
Además, los de Abascal sostienen "la inidoneidad de las personas al frente de la aerolínea" y han aportado "documentación que acredita la vinculación societaria" de Plus Ultra "con entidades de capital extranjero y cuyo objeto social sólo es la tenencia de participaciones en otras sociedades e intermediación financiera" -entre las que se encontrarían Snip Aviation, S.L., Flyspain, S.L., o Sky Solution, S.L.- lo que apuntaría a "la existencia de un entramado societario en la que estaría integrada" la aerolínea venezolana y "cuya matriz sería una entidad con domicilio social en Panamá y de capital venezolano".
Vox ha solicitado al Supremo que promueva varias diligencias previas que "permitan la demostración de los delitos señalado"s en su querella y otros "que podrían aflorar" al hilo de las pesquisas.
Entre las diligencias destacan el interrogatorio de los ministros implicados, "la presentación del expediente de la solicitud de las ayudas por parte de la aerolínea, el expediente completo de la SEPI, incluyendo los informes de la Comisión de Evaluación y los informes independientes, la presentación, por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del informe de aeronaves propiedad de Plus Ultra, así como los registros de operaciones de la compañía en España de los tres últimos años".
También han pedido al Alto Tribunal que libren oficio a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social "para comprobar los datos de los balances y las cuentas presentadas, y requerimientos a las sociedades que aparecen vinculadas para que aporten el acta de titularidad real para conocer los verdaderos propietarios del capital social". VOX considera "imprescindible" la declaración del gerente de la aerolínea y de las distintas sociedades reflejadas y de Rodolfo José Reyes Rojas.