La Abogacía allana el indulto a Junqueras al dar por saldada su deuda económica
Los Servicios Jurídicos del Estado no se posicionan para no condicionar la decisión de Sánchez. Pero avalan la medida de gracia al considerar que las arcas públicas ya han sido resarcidas.
El ministros de Justicia, el jefe de la Abogacía del Estado.
La pata jurídica que depende del Gobierno allana los indultos a los presos del 1-O. La Abogacía del Estado ha remitido ya al Tribunal Supremo su informe sobre los indultos solicitados para los condenados por el procés.Rehúsa pronunciarse a favor o en contra de la concesión de los mismos, por considerar que es una decisión que compete únicamente al Gobierno, pero allana su concesión al aclarar que el "perjuicio económico" provocado con el referéndum estaría reparado.
En el escrito enviado por la Abogacía del Estado a la Sala de lo Penal, los Servicios Jurídicos, que dependen del ministro Juan Carlos Campo, se afirma que "ni el informe que se acompaña al presente escrito ni el escrito mismo incorporan una valoración sobre 'la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia'"."Dada la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado (...), no corresponde a la Subsecretaría de Hacienda ni a esta Abogacía del Estado, en su representación, en cuanto órganos de la propia Administración General del Estado, manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma de la concesión de la gracia, pudiendo entenderse en el caso de hacerlo que con ello se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete", esgrime.Así, el informe se limita a analizar "exclusivamente" lo relativo al delito de malversación de caudales públicos por el que fueron condenados el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.Los Servicios Jurídicos del Estado han considerado que el daño económico ya ha sido resarcido y se apoyan para ello en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas que acredita que los 4,1 millones de euros fijados como liquidación provisional en el juicio contable por los gastos y pagos del 1-O ya han quedado garantizados.
