La fiscal de Melilla pide imputar al presidente, de Ciudadanos, por prevaricar

Que "se depuren responsabilidades", ha pedido la fiscal jefe de Melilla, Laura Santa Pau Vázquez, al juzgado de instrucción de la Sección Primera para que investigue las presuntas irregularidades cometidas por el presidente de la ciudad autónoma y dos exconsejeros de Ciudadanos en la última licitación del servicio municial de grúa.

"Visto el estado de las presentes actuaciones, entendiendo que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal", afirma la fiscal en el escrito al que ha tenido acceso ESDiario para que "se incoen las oportunas diligencias previas". Entre ellas, que se cite a declarar "en calidad de investigados" al presidente de la Comunidad Autónoma de Melilla (CAM), Eduardo de Castro González; al exconsejero de Hacienda, Economía y Empleo, Julio Liarte Parres y a la también exconsejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Regeneración Democrática, Paula Villalobos Bravo, todos ellos de Ciudadanos.

El contrato, de acceso libre, bajo sospecha fue otorgado por vía de "emergencia" y por un importe de 534.193 euros, unos 40.400 euros más que el de la última oferta formalizada en la ciudad, a un familiar directo del vicepresidente segundo del Gobierno melillense y consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar Maanan, tras salir a concurso público hasta tres veces en un período de año y medio. La versión oficial se centró en la necesidad de "acelerar la adjudicacion por razones de interés público", aunque dicha concesión se produjo a finales de 2020 pese a que fue meses antes, en junio del mismo año, cuando se anuló la anterior.

La fiscal Santa Pau ha pedido ahora de oficio a la Justicia que intervenga en una causa en la que existen presuntas irregularidades que afectaron a un total de nueve trabajadores despedidos sin fecha de reicorporación. Fue la propia consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Gloria Rojas -sucesora de Paula Villalobos en su cargo, tras una sentencia del Supremo que prohibió a Melilla nombrar consejeros no electos en el Ejecutivo autonómico- quien comprometió la solución urgente del caso.

Sin embargo, la supuesta falta de un terreno autorizado como depósito para los vehículos hizo que la Ciudad tuviera que desistir de la licitación y volver a comenzar todo el proceso desde el inicio hasta en tres ocasiones diferentes.

Fuertes críticas de la oposición

El PP ha denunciado públicamente en numerosas ocasiones las sospechosas prácticas del Ejecutivo melillense en esta cuestión, apuntando a sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión del contrato de la grúa municipal. La diputada local del PP Paz Velázquez, ha asegurado que se trata de un caso de "corrupción" cuando la Ciudad Autónoma estaría abonando cerca de 5 millones de euros al año por un servicio público que se estuvo prestando por la empresa adjudicataria anterior a la actual por 750.000 euros.

Según Velázquez, el servicio está siendo prestado por hasta tres empresas distintas en la actualidad sin que ninguna de ellas cuente con un contrato administrativo debidamente formalizado con la Ciudad Autónoma. Tal es así que la histórica adjudicataria del servicio, "durante los últimos 20 años", sigue custodiando desde septiembre de 2019, cuando dejó de ser la concesionaria, miles de vehículos requisados por la grúa en un depósito junto al aeropuerto, por el que sigue pasando facturas a la Ciudad Autónoma.

Tras más de año y medio, la deuda de la Administración con dicha empresa supera los 4 millones de euros, una cantidad que "aumenta cada semana con la pasividad e inactividad de nuestros responsables políticos", ha confirmado Veláquez a ESDiario, señalando a la actual consejera de Presidencia, Gloria Rojas, y al presidente del Ejecutivo local, Eduardo de Castro por su "dejadez absoluta".