Casado exige a Sánchez respuestas por los 100.000 muertos y el paro desbocado
El líder del Partido Popular critica la "negligente gestión" del presidente del Gobierno y que no acepte la propuesta del PP para que haya una ley de pandemias.
Pablo Casado.
El pasado verano, el Partido Popular, que se había negado a apoyar las últimas dos prórrogas del primer estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, presentó una una alternativa jurídica al mismo, que permitiera el confinamiento de la población para luchar contra el Covid-19, más efectiva contra el virus y menos lesiva para los derechos y libertades de los españoles.
El "plan B" de los populares consistía en que para mantener el mando único sanitario se pudieran aplicar las leyes de Salud Pública, de Sanidad y de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, sin necesidad de recurrir a otro estado de alarma. Se trata de una modificación, que según el Partido Popular, se podría llevar a cabo en las Cortes en apenas 15 días.Más de medio año después, con los 100.000 muertos superados por el virus y con el segundo estado de alarma vigente -al menos hasta el 9 de mayo- el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado que Sánchez prefiera "esconderse en las CCAA y gobernar por decreto para ocultar su negligente gestión", en vez de aprobar su propuesta de ley contra pandemias.
"Gobernar por decreto"
"Sánchez agota otro estado de alarma sin aceptar nuestra propuesta de ley contra pandemias para proteger la salud sin arruinar el empleo. Prefiere esconderse en las comunidades autónomas y gobernar por decreto para ocultar su negligente gestión tras 100.000 muertos y 6 millones de desempleados", ha escrito en un tuit.
Casado ha adjuntando su propuesta, que contempla dos reformas: una del artículo tres de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilitaría al Gobierno a "tomar las medidas que sean necesarias", y otra de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.
Esta última permitiría, según el documento del PP, "garantizar eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales", por lo que las resoluciones que limiten derechos "serían autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo".