Policías piden investigar si Marlaska ordenó reducir el dispositivo de Vallecas

Que la Delegación del Gobierno en Madrid explique si pudo prever los "disturbios, las agresiones y la participación de elementos violentos" de , si se enviaron "los suficientes efectivos" y si la Unidad de Intervención Policial (UIP) tuvo "autonomía" para "aplicar sus protocolos" o si se le "ha ordenado a la Policía ejercer la inhibición frente a los violentos".

La plataforma Una Policía para el Siglo XXI ha pedido depurar las responsabilidades de lo ocurrido en el barrio madrileño y llaman la atención sobre la "peligrosidad de politizar la Seguridad Pública". Así consta en una denuncia registrada este mismo jueves por la mañana conjuntamente ante el Decanato de los Juzgados de Madrid, en Plaza Castilla, y la Oficina de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en España, a la que ha tenido acceso en primicia ESDiario.

"Existen indicios para llegar a la conclusión de que ha existido uso de la violencia política por parte de representantes institucionales", de una "tendencia ideológica favorable a la misma", que "en su calidad de responsables de observar el obligado cumplimiento de la ley a través de la dirección de la Seguridad Pública" -de modo "evidente y documentable"- "omitieron deliberadamente" las "medidas oportunas" a los "mandos de las Fuerzas de Seguridad" para "prevenir" las conductas violentas, sostienen los agentes en su escrito.

No en vano, "de demostrarse" que -por "acción u omisión"- existió "una injerencia desde el terreno político en el judicial y en la ejecución de tareas policiales dentro de la ley, habiéndose obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a trabajar al margen de la misma en beneficio de una agenda política", es imprescindible "depurar responsabilidades", piden los agentes.

"Cuando el poder político decide impedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplan con su labor con eficacia y eficiencia, ya sea a través de no dotar de los medios necesarios o de emitir órdenes orientadas al ejercicio de la pasividad" se incurre, a juicio de los policías, en "una ilegalidad que ha de estar sujeta a valoración judicial y no a intereses políticos como el mediático, propagandístico, electoralista, de agenda o de presión".

Por ello, varios representantes de asociaciones policiales han acudido a los juzgados centrales de lo Penal para que la Justicia investigue los disturbios iniciados el 17 de febrero en Barcelona, que se prolongaron durante dos semanas, y los altercados violentos de este mismo miércoles en el madrileño barrio de Vallecas. También "de quién es la responsabilidad" de no haber "aplicado los mismos estándares de trabajo", para sendos "eventos políticos", que se hubieran activado para "una final de la Copa del Rey o cualquier otro evento deportivo o social de alto riesgo".

Un simpatizante de Vox se dirige a un policía.

Además, solicitan que "se practiquen diligencias" con el objetivo de determinar si las cargas policiales de Barcelona y Vallecas" son el resultado de "órdenes ilegales impartidas a los mandos operativos policiales" orientadas al "ejercicio de la pasividad como precedente, para conseguir la consecuencia de la que la violencia política (callejera) pueda escalar".

Los agentes piden "que se requieran las órdenes de servicio previas y los informes posteriores a cada operación, así como los informes de inteligencia en los que se calificó el nivel de riesgo" para saber qué se comunicó "a la dirección política" y "determinar si las instrucciones se ajustaron a la evaluación de riesgos" o si, presuntamente, "existió un fallo en la inteligencia previa a la toma de decisiones".

Que declaren los responsables políticos

Los agentes han solicitado al órgano judicial que cite a declarar a todos "los niveles de mando" implicados: "dirección política, dirección estratégica, una representación de los responsables tácticos y una muestra de los operativos sobre el terreno, a fin de documentar las órdenes verbales y su procedencia cuando no estén documentadas como instrucciones".

También piden que se traslade su denuncia al Tribunal de Cuentas "para investigar la dimensión económica" de los disturbios y valorar su "impacto real sobre las arcas públicas", en especial, en el Ayuntamiento de Barcelona.

Violencia política por omisión

Los agentes consideran que al "no aplicar la fuerza mínima imprescindible con carácter preventivo y ante la inmediatez de los acontecimientos" a fin de "desescalar la violencia", se han producido en Vallecas y en Barcelona un "incremento" directo de la misma, "consiguiendo el propósito propagandístico que persiguen los movimientos insurgentes que ejercen técnicas revolucionarias, tales como los separatistas, anarquistas y antifascistas".

Se "provocaron políticamente escenarios de fuerza policial reactiva tras impedir la fuerza preventiva. El grado de uso de la fuerza tras impedir a la Policía actuar de manera oportuna, acabó siendo mayor que de haberse aplicado en un principio, lo que permitiría documentar episodios que podrían calificarse como 'brutalidad policial' para construir un relato anti-policía", afirman los agentes denunciantes.

¿Se dejó a los agentes trabajar en Vallecas y Barcelona?

Los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona ya denunciaron en su día que "desde instancias políticas se les estaba impidiendo cumplir con su mandato legal, dando lugar con tal decisión, a una escalada de la violencia de la que el poder político debería ser responsable", recuerdan los policías en su denuncia. En consecuencia, "se produjeron cargas de los Mossos d'Esquadra, una táctica reactiva recomendable cuando los disturbios están ocurriendo y conviene 'dispersar' a los atacantes" pero "los destrozos ya eran un hecho y los grupos violentos ya tenían las imágenes que necesitan para su propaganda" aunque ahora "el Ayuntamiento se persone en la causa contra ellos", lamentan los agentes.

El éxito de Sol

A diferencia de lo ocurrido en la ciudad Condal y en Vallecas, en su denuncia, los agentes ponen el día 20 de marzo en la madrileña Puerta del Sol como un ejemplo de correcta intervención policial.

"Se había convocado por movimientos antisistema, anarquistas y de extrema izquierda, una manifestación ilegal en Madrid con el pretexto de pedir la liberación del rapero Pablo Hassel", un evento en el que se dieron cita "más de treinta colectivos" en "diferentes lugares de forma simultánea". "La acción policial fue preventiva y los convocantes no consiguieron las imágenes deseadas para alimentar su retórica sobre la 'brutalidad policial'. Se permitió a la Policía impedir la escalada de la violencia, usando medios de prevención", relatan los expertos policiales. En lugar de ordenarse la "defensa de posiciones fijas y el uso de la fuerza reactiva, con nuevas detenciones" que habrían "alimentado los argumentos de los convocantes".

A diferencia de Barcelona y Vallecas, los integrantes de "los colectivos convocantes" en Madrid "se quejaron en las redes sociales de que la Policía nos los dejaba moverse y de las identificaciones constantes".

"Es un hecho que prohibir a las Fuerzas de Seguridad actuar en aplicación de la ley de la manera que estas conocen y tienen entrenado, es optar por el principio de no injerencia, permitiendo que se produzca violencia política y omitiendo la responsabilidad de proteger cuando prevalece sobre la no injerencia. La no intervención policial frente a la violencia política conculca el principio de responsabilidad de proteger sobre derechos fundamentales recogidos en la Carta Europea en vigor desde 2007 como: la libertad y la seguridad (art 6), la libertad profesional y el derecho a trabajar (art. 15), el derecho a la libertad de empresa (art. 16) y el derecho a la propiedad (art. 17)", concluyen los denunciantes policiales.