Derribadas en Alemania las leyes incautadoras que copiaba el Gobierno en España
En plena campaña del Gobierno para fijar los precios de los alquileres, el Constitucional alemán anula una ley similar y obliga a devolver dinero a los inquilinos.
José Luis Ábalos y Pablo Iglesias
La Justicia alemana ha dado un aviso a navegantes al Gobierno de España: su Tribunal Constitucional ha anulado la ley que, en el caso de Berlín, servía de guía para los planes de Podemos de fijar el precio de los alquileres de las viviendas, ahora mismo objeto de un debate con el PSOE que une a ambos en una ofensiva contra la propiedad privada.En los últimos meses, la coalición ha impulsado cambios normativos, nacional o autonómicos, que legalizan la "okupación" temporal durante la pandemia si no se ejerce con "violencia"; permiten la expropiación directa de grandes propietarios o fijan el precio del mercado de alquiler, ésta en trámite.
Pues bien, el Constitucional alemán ha declarado ilegal el límite impuesto por el Ayuntamiento de Berlín al precio al alquiler de viviendas, que entró en vigor en febrero de 2020, por entender que las autoridades locales se han extralimitado en sus competencias.
La reforma, según la cual los precios de unos 1,5 millones de viviendas se congelaron de acuerdo a los niveles de junio de 2019, fue aplaudida por inquilinos y criticada por propietarios y promotores de viviendas y ahora la Justicia ha dado la razón a estos últimos.
El Constitucional argumenta que las regiones solo pueden adoptar regulaciones en asuntos en los que no exista norma alguna a nivel federal, algo que no se cumpliría en este caso porque ya existe una ley de índole nacional relativa a los precios de arrendamiento.
"Nula en su totalidad"
En ambos casos, explica, se trata de medidas que aspiran a proteger a los inquilinos de potenciales abusos en el alquiler en caso de viviendas no subsidiadas. Por tanto, la ley berlinesa "es nula en su totalidad", concluye el tribunal en un comunicado.
La advertencia para España no es vinculante, pero sí refleja una posible contestación positiva a las acciones legales que puedan interponerse frente a una ley que, en el caso español, sí tendría un carácter nacional. Aunque el PSOE es partidario de primar fiscalmente a los propietarios para que reduzcan el recibo de los arrendadores, Podemos insiste en su teoría de decidir precios máximos que, en otros países, solo ha servido para retraer la oferta de alquiler.