El escándalo de Plus Ultra arrecia y los juzgados ya investigan su rescate
La jueza ha abierto diligencias y ha requerido a la SEPI el expediente completo sobre el rescate con 53 millones de euros de la aerolínea para conocer de primera mano los detalles.
María Jesús Montero y José Luis Ábalos
El rescate millonario de la aerolínea y sus lazos con el régimen venezolano se va a convertir en un auténtico calvario para el Gobierno, no solo a nivel político sino también judicial puesto que los 53 millones destinados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya están siendo investigados por un juzgado madrileño ante la posibilidad de que se haya cometido un delito de prevaricación y malversación en su concesión.La denuncia que ha partido del colectivo Manos Limpias ya está siendo estudiada por la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, según ha adelantado El Español, después de que la asociación aportase los informes de la SEPI que apostaban por dar luz verde a una operación que supuso un desembolso de 53 millones de euros en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que nunca ha sido viable economómicamente puesto que siempre ha presentado pérdidas.
Así, la instructora ha incoado las primeras dilegencias que pasan por solicitar a la SEPI toda la documentación relacionada con el rescate a la compañía, aunque de momento no ha realizado ninguna citación a ninguno de los miembros del consejo de administración de la agencia estatal, contra los que se dirige la denuncia.
Sin embargo, esta no es el único frente que el Gobierno tiene abierto por el rescate de la compañía vinculada al régimen de Maduro, sino que también, tal y como relató María Jamardo en ESdiario, Vox ya presentó una querella en el Tribunal Supremo contra el Consejo de Ministros y contra el Consejo Gestor del Fondo para las ayudas económicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Vox quiere que los ministros implicados declaren en el Supremo
A juicio de Vox, la compañía Plus Ultra no reunía los requisitos establecidos para beneficiarse de la ayuda recibida, porque "ni es una empresa estratégica con relevancia en su sector, ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el COVID-19 como exige la norma", sino que "atravesaba una grave situación económica con grandes pérdidas económicas casi desde su creación".
Por ello, solicitó diligencias previas que incluirían, entre otras pesquisas, el interrogatorio a todos los ministros implicados, de entre los que sobresalen dos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Transportes, José Luis Ábalos, que ya estuvo en el punto de mira por otro asunto turbio, el llamado Delcygate.
