Enrique López, inflexible: "Iglesias no puede poner sus manos en el CGPJ"

A juicio del exmagistrado, secretario de Justicia del PP y todavía consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, Enrique López, el debate "dejó una clara ganadora Isabel Díaz Ayuso y un perdedor, Ángel Gabilondo". "En el único evento televisado han quedado de manifiesto cosas muy importantes: que en el centro derecha hay un liderazgo serio, el de Isabel Díaz Ayuso con el PP; y que en la izquierda se lo están disputando", asegura López a ESdiario.

Con los sondeos en la mano, ¿cómo se presenta el escenario postelectoral?

En lo que menos tenemos que pensar es en el momento postelectoral. Estamos exclusivamente centrados en una elecciones en las que la Comunidad de Madrid se juega mucho y en la que están en juego dos modelos muy diferentes. Uno de éxito, progreso y libertad y otro de fracaso, intervencionismo y restricciones. Por eso estamos trabajando. Para que de aquí al 4 de mayo la mayor parte de los madrileños nos den su aval y apuesten como opción ganadora por el PP y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Todo lo demás es especular.

El rival más próximo, Ángel Gabilondo, ha cambiado de estrategia y hasta renegado de Sánchez…

No voy a decir que el señor Gabilondo mienta, no voy a decirlo, pero sí digo que le han forzado a proponer una cosa y la contraria de manera permanente. Es un títere de Moncloa. Primero dijo, exactamente igual que Sánchez, que no quería ni ver a Pablo Iglesias para más tarde, en el debate, dejar claro que iba a pactar con él. Le han desautorizado en su promesa de no subir los impuestos cuando él mismo lo propuso, hace dos meses, en la propia Asamblea de Madrid. Gabilondo es una persona que, en estos momentos, se encuentra en una posición muy incómoda dentro de su partido.

Votar Díaz Ayuso es votar libertad. Votar Gabilondo, García o Iglesias es no saber ni qué se va a votar

¿Cómo prepara la presidenta el levantamiento del estado de alarma y el escenario jurídico para Madrid?

Tomaremos las medidas que nuestra autoridad sanitaria determine como necesarias y proporcionales para seguir protegiendo la salud pública dentro del marco legislativo que tenemos, que es defectuoso, poco técnico y basado en una ley del año 86. La norma no tiene calidad suficiente porque no establece las medidas adecuadas para restringir derechos fundamentales.

Desde abril de 2020, Pablo Casado lleva pidiendo a Sánchez que legisle para gestionar la pandemia o que, como mínimo, se actualice la ley al momento en que vivimos. El Gobierno se ha negado asegurando, especialmente la vicepresidenta Carmen Calvo, que tenemos los instrumentos suficientes para regularlo. Mentira. Así lo han dicho el Consejo de Estado, los jueces en muchas resoluciones cuando no han ratificado algunas de estas medidas y la propia Unión Europea, que nos urge a que legislemos alternativas a la alarma.

¿Cree que Sánchez busca que las autonomías le supliquen aplicar la alarma sin tener que recavar de nuevo el control del Parlamento?

Sánchez ha convertido el estado de alarma en el único mecanismo que permite restricciones generales a derechos fundamentales con la intensidad suficiente para que sean efectivas, con tal de no asumir su obligación para la reforma de la normativa actual. Tanto Francia, como Alemania, como Reino Unido ya lo han hecho. Es curioso que en un Parlamento que esta semana va a debatir el uso compartido de las mascotas en caso de divorcio no haya habido un momento para acoger la propuesta del PP y legislar como corresponde.

Enrique López haciendo campaña. Fotografía de JM Duarte.

Sánchez siempre se ha negado a cooperar con las medidas pioneras de la Comunidad de Madrid...

Las comunidades autónomas, y con ellas Madrid, han visto cómo no se han ratificado judicialmente algunas de las medidas adoptadas por sus propias autoridades sanitarias, al margen del estado de alarma. Esto puedo volver a ocurrir a partir del 9 mayo por la pereza legislativa y la obcecación personal de Sánchez. El presidente del Gobierno quiere el monopolio de hacer lo que le venga en gana y de ahí su empeño en no dotarnos de un nuevo instrumento legal que dé seguridad jurídica a las comunidades y los jueces para protegernos a futuro.

¿Considera que en la vacunación está haciendo algo similar?

El Gobierno tiene centralizada la compra de vacunas, como el resto de países de la UE. Las comunidades autónomas no podemos autoabastecernos, como ya pasó con el material sanitario y de protección al comienzo de la pandemia. Quince días más tarde se nos abandonó, obligándonos a salir al mercado para comprar material por la incompetencia, ineficacia e incapacidad del entonces ministro Salvador Illa. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo.

¿Cree que esa inseguridad del Gobierno está provocando inseguridad en los ciudadanos para vacunarse?

Sánchez forma parte de un club de dirigentes internacionales que tratan a los ciudadanos como si no fueran mayores de edad. Vivimos una emergencia internacional de gravedad en la que se han producido las vacunas en tiempo récord pero las autorizaciones para comercializarlas son, como siempre, provisionales y esto supone asumir ciertos riesgos que la comunidad científica ya nos ha dicho que existen, aunque son mínimos.

Por eso hay que ser muy claros con los ciudadanos y no infundirles miedo, ni temor, sino darles toda la información. Al margen del bajo riesgo identificado, es primordial vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible y eso es en lo que está la Comunidad de Madrid.

En Madrid, una vez tengamos las vacunas, estamos listos para inmunizar a cientos de miles de personas en muy poco tiempo.

En la Comunidad de Madrid tenemos un problema de suministro de dosis porque el número que nos llega del Gobierno central es muy limitado. Estamos en disposición inmediata de empezar a vacunar en todos los hospitales públicos de Madrid y en la mayor parte de los centros de salud. Cuando se dispensa la vacuna de la gripe, en Madrid activamos 900 puntos de vacunación. No es un problema de logística nuestra. Lo digo para aclarar las falsas críticas de la izquierda. Cuando en Madrid usamos un estadio de fútbol para vacunar es un error pero si se hace en Valencia un vacunódromo de cualquier forma, está bien.

Nosotros hemos tenido y tenemos una respuesta profesional en manos de verdaderos expertos –el consejero Ruiz Escudero y sus dos viceconsejeros-, a diferencia de un Gobierno que usa sus cargos para hacer política. Antes con Illa y ahora con Darias.

Como consejero de Justicia, ¿qué le ha parecido la decisión del Constitucional de invalidar las candidaturas de Cantó y Conde en la lista del PP de Madrid?

En el Partido Popular respetamos siempre las decisiones judiciales pero, evidentemente, en este caso, que no ha acogido nuestra pretensión de validar esas candidaturas, no es compartida. Nos aproximamos más al voto de los tres magistrados que estaban a favor de darnos la razón que al de aquellos otros tres que se han inclinado por lo contrario.

El empate técnico demuestra que la cuestión era compleja y valida nuestra plena legitimidad para llegar hasta el Constitucional. Lo que ha decantado la balanza es el voto de calidad del presidente de la Sala que es, además, el presidente del Tribunal. Y, en mi opinión personal, desde una perspectiva técnica el voto de calidad lo es por ser presidente no por ser de más calidad.

Fotografía de JM Duarte.

¿Cómo se le explica esto a los ciudadanos cuando políticos condenados por sedición sí han participado en convocatorias electorales?

Es una paradoja que sólo se puede explicar porque la ciencia del derecho no es exacta y cuando las leyes no son claras, dan lugar a muchas interpretaciones.

En el caso de nuestra candidatura se ha validado una tesis administrativista, basada en una interpretación literal de las normas, frente a la tesis más constitucionalista que consideraba que debía buscarse la posición más favorable a la interpretación del derecho de participación política.

Precisamente esta segunda tesis que a nosotros se nos ha negado fue la que permitió que el señor Puigdemont, que lleva tres años fugado de la Justicia española, manteniendo un empadronamiento artificial en Cataluña haya podido ser candidato. Y, sin embargo, no se ha seguido el mismo criterio para los señores Cantó y Conde, que no estando empadronados en una fecha determinada lo estaban en el momento de la presentación de la lista.

Usted es magistrado, ¿cómo valora que Europa también haya afeado a España el intento del Gobierno por controlar el Poder Judicial?, ¿Está la Justicia politizada en España?

España tiene un cuerpo de magistrados tremendamente independiente por su sistema de selección. El 96% de los jueces españoles deben su responsabilidad única y exclusivamente a su esfuerzo para aprobar una oposición, a su antigüedad y a su especialidad. En esto somos la envidia de toda Europa.

Cuestión diferente es el de su órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Partido Popular lleva en su programa electoral devolver la potestad de elegir a los 12 vocales judiciales del Consejo directamente por sus compañeros, y a esto no vamos a renunciar, mucho menos ahora que contamos con el espaldarazo europeo. Nuestro compromiso es arrancar esta legislatura llegando a un acuerdo con el PSOE para que vuelvan a la senda constitucional en materia judicial y, en cualquier caso, que en cuanto el PP gobierne España el primer proyecto de ley sea la reforma del CGPJ para conseguirlo.

La misma tesis que permitió a Puigdemont, prófugo de la Justicia española, presentarse como candidato es la que se le ha negado a Toni Cantó

¿Habrá entonces renovación pactada del actual Consejo?

En el Partido Popular estamos dispuestos a negociar de acuerdo con la ley actual. Pero exigiremos como punto de arranque al PSOE el inicio de una reforma legislativa que garantice la despolitización de la Justicia y fortalezca su independencia. Por esto lucharemos: por que el PSOE vuelva a ser un partido de Estado que cumpla con los estándares europeos y con nuestra propia Constitución.

Que nunca más pueda ser Fiscal General del Estado un ex ministro de Justicia; que en el CGPJ no se sienten vocales que hayan tenido una anterior responsabilidad política, como es mi caso, yo ya estaría invalidado; que un juez en activo no pueda ser elegido como jurista para formar parte del mismo; que se oiga al resto de agentes jurídicos –abogados, letrados de la Administración, fiscales, procuradores, catedráticos de derecho…- para que se integren como miembros no judiciales.

El CGPJ nunca puede estar en funciones limitadas. Sus funciones son plenas aunque prorrogadas, porque lo contrario sería dejar al gobierno del Poder Judicial inerte durante el tiempo en el que los partidos políticos no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. Este tema se superará y nunca volverá a repetirse si el PSOE se aviene a que en el futuro los vocales judiciales sean elegidos por sus semejantes en tiempo y forma.

¿Con Podemos al margen?

Unidas Podemos y Pablo Iglesias no pueden estar ni en la negociación, ni en el resultado de estos órganos constitucionales. Es claro y necesario. Estamos hablando de un partido político y de unos líderes que demonizan la Constitución, que cuestionan la Jefatura del Estado -la persona titular, su ejercicio-, que insultan a los jueces cuanto toman decisiones que no les gustan, que dicen que Puigdemont es un exiliado político o que aseguran que ETA es una cuestión del pasado, cuando hoy tenemos todavía a etarras fugados de la Justicia española por haber cometido crímenes terribles.

Alguien así y algo así no pueden poner sus manos en el órgano de gobierno de los jueces y Sánchez tiene que entenderlo.

¿Cómo ha de ser el nuevo CGPJ? ¿Será usted de nuevo interlocutor en las negociaciones?

El Consejo deberá estar formado por los mejores jueces, de los ya elegidos en 2018 por sus propios compañeros, por juristas de la más alta capacitación profesional y alejados de cualquier significación política.

Y, por supuesto, que sean los vocales designados, como rezan la Constitución y la ley, los que elijan a su presidente, por el mayor consenso entre ellos, sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Ejecutivo ni de los partidos políticos.

La interlocución se producirá en el seno de los grupos parlamentarios y serán varios los encargados de intervenir en las conversaciones. Lo importante en esto no es ni el quién, ni el cómo, sino el resultado: lo mejor para el Poder Judicial y para la ciudadanía.