Malestar en el TS con el Gobierno por pasarle la patata tras el estado de alarma

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo decreto que autoriza a los ejecutivos autonómicos a acudir ante el Tribunal Supremo para resolver sobre la limitación de derechos fundamentales que algunas administraciones regionales propondrán una vez levantado el estado de alarma el próximo 9 de mayo.

Con esto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez traslada al Alto Tribunal su responsabilidad en la materia y le obligará a declarar si las decisiones adoptadas por los tribunales superiores de Justicia ante las medidas concretas de cada autonomía son admisibles o no.

La maniobra del Gobierno ha provocado un profundo malestar entre los miembros del Supremo. "Es un despropósito. El Supremo no es un órgano asesor en materia sanitaria, mucho menos legislador y, desde luego, lo que no podrá hacer nunca es validar la restricción indiscriminada de derechos fundamentales que la Constitución reserva a las leyes orgánicas y los mecanismos excepcionales como los estados de alarma, excepción y sitio", aseguran a ESdiario fuentes próximas al Alto Tribunal.

Cambio de escenario jurídico

Hasta ahora, los gobiernos regionales no podían acudir ante el Supremo salvo cuando las normas anuladas por los tribunales superiores de justicia las hubiesen dictado durante el tiempo en el que, vigente el estado de alarma, actuaban como autoridades delegadas del Ejecutivo central. El Gobierno ha forzado con el nuevo decreto un cambio de escenario jurídico que decaerá en la medianoche del sábado, y con el que Sánchez busca que el Supremo unifique doctrina para todo el territorio nacional.

Calvo y Montero, este martes, al anunciar que el Gobierno endosa al Supremo el caos tras el fin del estado de alarma.

Sin embargo, las mismas fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que la Sala Tercera del Supremo -sobre la que recaerá la competencia para resolver los futuros y eventuales recursos autonómicos de casación- "no puede resolver sin aplicar el principio de contradicción" ni que con sus "decisiones" para una comunidad autónoma concreta "se entienda que se está sentando un precedente para las demás". "Sería nulo", reiteran los expertos, que ponen en cuarentena la capacidad del Gobierno para "autorizar o denegar" el acceso de los ciudadanos, a través de sus representantes, a la tutela judicial.

¿Cómo va a emitir el Supremo una doctrina unificada en tiempo récord?

Además, y en contra de los declarado por la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las mismas fuentes ponen en duda que "la Sala Tercera del Supremo" pueda emitir "en un tiempo récord" una doctrina unificada sobre una materia que "afecta a la totalidad de la población" y en donde queda "desvirtuada la posibilidad d balancear los bienes jurídicos en juego cuando quien lo pide es una parte de esa totalidad".

"La única manera de ofrecer seguridad jurídica e igualdad" en la protección que las autoridades sanitarias tendrán que prestar a los ciudadanos "es legislar con mayorías parlamentarias suficientes una ley orgánica especial para la pandemia actual" o, en su caso, "aplicar los mecanismos ya previstos para esta situación, de manera temporal y revisable: el estado de alarma, el de excepción o el de sitio", sentencian los juristas consultados por ESdiario en contestación a Calvo.