El PP lanza una gran reforma para controlar los indultos y a la Fiscal General

Suprimir la opción del indulto para condenados por rebelión y sedición, ampliar los poderes de los jueces para elegir a sus vocales en el CGPJ y asegurar la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado. Estas son las tres patas de la ambiciosa reforma legal que el PP presentará en el Congreso de los Diputados.En concreto, la propuesta pretende que el Gobierno cambie la Ley del Indulto "para que no puedan ser indultadas aquellas personas que hayan sido condenadas por los delitos de rebelión y sedición". Busca asimismo que establezca reglas precisas con la intención de "reducir la discrecionalidad del Gobierno" y, en concreto, propone que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de "delitos de especial gravedad", de tal forma que el Ejecutivo no pueda indultar cuando alguno de los dos se oponga.

El PP entiende que esta reforma legal es necesaria porque la actual norma, de 1870, "recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto" pero "no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable" la medida de gracia, por lo que no tiene en cuenta ni el tipo penal ni el bien jurídico lesionado.

Los 'populares' argumentan que "las preocupantes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por la comisión del delito de sedición, entre otros, en la causa conocida como 'procès', causan el rechazo de gran parte de la sociedad".

A su juicio, el indulto debe ser un "recurso excepcional" que "solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso".

Que Delgado se mantenga al margen en determinados casos

Los de Pablo Casado piden igualmente al Gobierno que emprenda "una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la imparcialidad del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)".

En este punto, el PP ha vuelto a criticar que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya pasado al cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia del actual Gobierno, instando a Moncloa a pedir a la Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto.

En términos generales, plantea establecer un "sistema objetivo" para elegir al fiscal general del Estado, abogando por impedir que acceda al cargo "todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento" y por que el Consejo General del Poder Judicial tenga un mayor peso en la designación del jefe de la FGE frente a la "pura audiencia" que rige ahora.

Los populares también quieren que se refuercen los "contrapesos" al ejercicio de las funciones del fiscal general aumentando las competencias y atribuciones del Consejo Fiscal, "al objeto de impedir la arbitrariedad sucedida, por ejemplo, con la discrecionalidad con la que se han convocado y resuelto los concursos de las plazas vacantes de fiscales que deben ser provistas por libre designación".

Jueces con capacidad para ser elegidos por otros jueces

Por último, el PP emplaza a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial "sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo".

Los de Casado hacen esta exigencia frente a lo que consideran un "persistente acecho" al Poder Judicial por parte del Gobierno debido a la reforma aprobada que limita las funciones del CGPJ cuando ha expirado su mandato y a la propuesta -ya retirada- para reducir la mayoría parlamentaria por la que se elige a los vocales. Al hilo de esto, también solicita que se garantice la participación del Poder Judicial en las reformas que le afecten. Así, expone, tendrá que ser escuchado siempre mediante la evacuación de informes que deberán tener carácter preceptivo.

Desde el PP se ha explicado que ha presentado esta proposición no de ley, en lugar de una proposición de ley, porque al ser reformas de tal calado deben tramitarse por la vía del proyecto de ley, con la que es obligatorio recabar una serie de informes técnicos, incluido uno del CGPJ.