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El Supremo acaba con el Madrid Central de Carmena y ratifica que fue una chapuza

El Alto Tribunal desestima el recurso presentado por Ecologistas en Acción y abre la puerta a la devolución de las multas impuestas por las cámaras de vigilancia de la zona.

Manuela Carmena

Publicado por
A. J.

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El Tribunal Supremo ha solemnizado el fin de. El Alto Tribunal ha ratificado la decisión del TSJM, desestimando el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, y ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid, que ya avisó de que devolvería el importe de las multas impuestas por el sistema de vigilancia de la zona de bajas emisiones. El auto da por buena la sentencia del tribunal madrileño que argumentó la falta de "una justificada memoria económica" para anular algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), aprobada por el gobierno de y que daban cobertura a Madrid Central, un trámite necesario para tal fin.

De hecho, el Supremo ahora refrenda lo ya dictado por la Justicia y recuerda que "es constante la doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria, hasta el punto de que su omisión en el trámite de elaboración y aprobación ha venido siendo considerado como vicio determinante de la nulidad de la

disposición general o reglamentaria".Junto a ello, la omisión de otro trámite necesario, el de información pública, también fue uno de los argumentos esgrimidos por el TSJM para dar carpetazo al plan de movilidad de Carmena, demostrando que el proceso de elaboración del gran proyecto de la alcaldesa fue una chapuza desde el punto de vista normativo.

¿Qué pasará con las multas?

De esta manera, una vez que el Alto Tribunal ha dado la razón, de nuevo, al Ayuntamiento de Madrid, se abre la puerta a que miles de conductores sancionados puedan reclamar el dinero de las multas impuestas. De hecho, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida ya anunció que lo haría cuando se conoció la sentencia del TSJM el pasado mes de julio y cifró entonces en 36 millones de euros la cantidad estimada que se tendría que devolver, algo que el Ayuntamiento está estudiando.