El Gobierno culpa a las autonomías de su desastrosa política contra el maltrato
El terrible saldo de seis mujeres asesinadas en solo siete días acecha a un Ejecutivo que prometió que acabar con la violencia machista sería una de sus prioridades.
Seis mujeres asesinadas en una sola semana; la última, este domingo en Zaragoza. Ese es el terrible saldo al que se enfrenta el Gobierno, que se presentó como el más feminista y el único capaz de acabar con la violencia de género. Sánchez no tuvo reparos en utilizar electoralmente los asesinatos cuando Rajoy estaba en el poder y ahora que siguen ocurriendo durante su mandato, culpa de ellos a las Comunidades Autónomas.Ha sido la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell la que, en una entrevista en la Cadena Ser ha asegurado que algunas Comunidades Autónomas tienen protocolos "muy desactualizados".
Además, y en ese intento de señalar más culpables ha explicado que se han detectado a mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género en varios ayuntamientos que no estaban relacionados entre sí, por lo que ha instado a "mejorar" dichos protocolos.De hecho, ha vuelto ha lanzar un crítica al resto de instituciones, al asegurar que "no se puede llevar una dinámica de recortar, de perseguir a las víctimas, y después llevarse las manos a la cabeza. Las mujeres se tienen que sentir más escuchadas y más acompañadas por el sistema".Junto a ello, ha instado a modificar el sistema de protección a las mujeres víctimas de maltrato en todo su conjunto y ha señalado que "hay que hacer una reflexión, si el sistema sólo protege llamando y controlando a las víctimas, quizás sea el momento de controlar más y llamar más a los agresores, seguro que podemos mejorar y actualizar los protocolos", ha insistido Rosell.
"La denuncia es una puerta para la salida de la violencia y es la única que puede penar al agresor, pero no debe ser la única para proteger a las víctimas"
Por ello, considera que se pone demasido el énfasis en la denuncia, cuando es responsabilidad de todas las instituciones de proteger a las víctimas. "La denuncia es una puerta para la salida de la violencia y es la única que puede penar al agresor, pero no debe ser la única para proteger a las víctimas, todo el Estado tiene la implicación en la protección y credibilidad de estas mujeres porque la denuncia policial no puede proteger como todo un Estado", ha añadido.Sin embargo, desde que Sánchez está en el Gobierno, la cifras no mejoran. Según los datos oficiales, 2019 -su primer año natural de gobierno- finalizó con al menos 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Más que en 2018, año en el que también aumentaron las víctimas, hasta un total de 51. En 2020, la cifra fue de 43. Y en lo que va de año ya se supera la decena de víctimas, 6 de ellas en la última semana. Pero pese a ello, el Gobierno, aunque dice que no quiere "minimizar" el problema, saca pecho: "Es el año que menos víctimas ha habido desde que se computan".