El Tribunal Supremo se guarda una "bala" para frenar los indultos de Sánchez

El Tribunal dará a conocer esta misma semana, salvo sorpresa, su preceptivo informe sobre los más que probables indultos que Pedro Sánchez quiere concederles a todos los políticos catalanes condenados por sedición, malversación o las dos cosas a la vez, como es el caso de Oriol Junqueras.

Y hay unanimidad al respecto de que informará en contra, en una línea similar a la que también parece imponerse en la Fiscalía e, incluso, en el Consejo de Estado, que también tiene obligación de pronunciarse. Pero toda esa oposición puede quedar en agua de borrajas gracias a Amadeo I de Saboya y a Eugenio Montero Ríos.

Un Rey efímero, que apenas duró dos años; y un ministro de Justicia de la España de finales del siglo XIX que impulsaron la Ley de Gracia de 1870, ampliada en 1993, a la que apela Sánchez para pagar una de las principales facturas pendientes con quienes le apoyaron en la moción de censura de la que ahora se cumplen tres años, en sus investiduras e incluso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente del Gobierno tiene una larga trayectoria de bucear en la legislación con más telarañas para adecentar sus decisiones más polémicas, con un precedente muy llamativo: ya apeló a una ley de Franco para declarar secreto de Estado los gastos de su propia mujer, Begoña Gómez, cuando le acompañó a Nueva York al comienzo de su primera legislatura: lo hizo con "agenda propia", pero viajó en la comitiva oficial.

Esa ley firmada por el ministro de Gracia, el gallego Montero Ríos que llegó a presidir el Consejo de Ministros durante seis meses en el convulso año de 1905, concede a Moncloa saltarse todos los obstáculos que le pongan otras instancias e, incluso, prescindir de los requisitos que prevé la legislación para conceder la libertad: que haya arrepentimiento, se pida perdón al agraviado y se renuncia a la reincidencia.

Incluso le permite al Gobierno presentar los indultos directamente, sin que lo pidan los beneficiarios, convirtiendo todas las trabas previas en papel mojado: si Sánchez quiere, en definitiva, puede.

Una excepción

Fuentes jurídicas explican a ESdiario que, sin embargo, sí existe una manera de frenar al Gobierno, perfectamente legal aunque muy traumática en el ámbito político, pues sacaría a la luz el enfrentamiento que, desde hace tiempo, libran soterradamente el Tribunal Supremo, y en concreto el juez Manuel Marchena, y el Ministerio de Justicia.

El Supremo ya está muy enfrentado al Gobierno y Marchena puede intentar frenar los indultos en el último minuto

"El Supremo puede negarse a ejecutar la resolución del Gobierno, incluso aunque esté sancionada por el Rey", explican las mismas fuentes a este periódico. Y apelan a un apartado de la misma Ley que desde hace meses maneja el ministro Juan Carlos Campo para mantener en prisión a los condenados.

Lo recoge, de manera difusa, el artículo 17 de la Ley de 18 de junio de 1870 de "Reglas para la concesión de la gracia del indulto", publicada originalmente en "La Gaceta de Madrid", trasunto del BOE en aquella época.

"El Tribunal sentenciador no dará cumplimiento a ninguna concesión de indulto cuyas condiciones no hayan sido previamente cumplidas por el penado; salvas las que por su naturaleza no lo permitan", sentencia.

Es decir, aunque Sánchez pueda presentar los indultos sin la firma de Junqueras y compañía; ignorar el incumplimiento de los requisitos para concederlo y saltarse los dictámenes adversos del propio Supremo; éste tendría una única posibilidad de pararlo todo. "Al final, dependerá de que Marchena, muy descontento ya con otros asuntos como el trato al Rey Juan Carlos, dé el paso de defender su propia sentencia o no", concluyen fuentes jurídicas.