Bruselas expedienta a España y pone en evidencia a Laya y a Campo
El Gobierno engrosa desde hace un año la lista de "sospechosos habituales" de las Institiciones Europeas. Tampoco en esto la ministra de Exteriores puede presumir de gestión.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este miércoles en el Congreso.
Marruecos torea al Gobierno, Estados Unidos no levanta ni siquiera el teléfono, y Pedro Sánchez ha metido de lleno a España en la lista de sospechosos habituales de la Comisión Europea.Y a apenas dos semanas de que Europa examine el plan económico de Moncloa para autorizar el desbloqueo de los 140.000 millones de euros de los Fondos Covid, la institución que preside Úrsula Von del Layen ha vuelto a dar al Gobierno progresista un sonoro tirón de orejas.
Cabe recordar, en este sentido, que Bruselas mantiene abiertas investigaciones a España por el intento de control a los medios de comunicación -aquel Ministerio de la Verdad auspiciado por Podemos- y por el asalto al Consejo General del Poder Judicial.
Y este miércoles, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por imponer más condiciones a la extradición de sus nacionales o residentes reclamados mediante una euroorden que cuando la persona cuya extradición solicita otro socio de la UE tiene otra nacionalidad.
"Hemos constatado que algunos Estados, como es el caso de España, han añadido condiciones más estrictas para extraditar a sus nacionales u otros europeos residentes en su territorio", ha explicado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, al anunciar el caso contra España.
Esta situación detectada en la incorrecta transposición a la legislación española de la decisión marco de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) es "contraria" tanto a las reglas que rigen la euroorden como al principio de no discriminación entre europeos que recogen los Tratados.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar una carta de emplazamiento al Gobierno autoridades para alertar de las irregularidades y dar un plazo de dos meses para solucionarlo.
Es el primer paso en un expediente sancionador que, en última instancia, puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Bruselas considera que tras agotar el diálogo con España para enmendar la transposición no se han resuelto las irregularidades notificadas.
Con todo, no es el único caso en que la Comisión Europea actúa contra un Estado miembro por la mala aplicación del marco del sistema de euroórdenes y, de hecho, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha comprometido a abordar una reforma del sistema si tras la evaluación en curso de la situación en cada país detecta fallas importantes que exijan la revisión de la norma.
