El Gobierno se olvida de las cartas con balas que utilizó en la campaña del 4M

Se convirtió en el tema principal de la campaña madrileña. Las cartas con balas que recibieron varios líderes políticos se utilizaron una y otra vez por parte del Gobierno para crispar a la opinión pública y convertir los comicios en una suerte de plebiscito entre franquismo y democracia. Pero ahora, cuando ya ha pasado el tiempo el Ejecutivo prefiere guardar silencio, y alegar que es un asunto judicializado.De hecho, en una pregunta parlamentaria a instancias de Vox, prefiere no ofrecer detalles sobre las investigaciones anunciadas tras las denuncias tramitadas por algunos de los amenazados desde el 21 de abril, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el exlíder de Unidas Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Vox se interesó por las "medidas necesarias y precisas indicadas por el Ministerio del Interior encaminadas a garantizar la seguridad de los destinatarios de las misivas amenazadoras", así como la "entidad encargada de la seguridad" y si durante la presente Legislatura se han recibido otras amenazas de este tipo.

"Durante la presente Legislatura", contesta el Gobierno en un texto con fecha de 3 de junio, "no se ha recibido ninguna carta similar a las que se hace referencia en la exposición de motivos, no obstante, sí se han recibido diversas amenazas, realizadas por diferentes métodos".

Sobre las cartas con balas que recibieron otras personalidades públicas durante la pasada campaña electoral de Madrid, entre ellas la reelegida presidenta, Isabel Díaz Ayuso, o la ministra Reyes Maroto, el Gobierno añade que se han realizado las "averiguaciones necesarias al objeto de determinar lo sucedido, en el ámbito de la seguridad, encontrándose las investigaciones judicializadas".

"La seguridad de toda personalidad sometida a protección está en constante revisión, adaptándose constantemente al nivel de riesgo que en cada momento se determine", prosigue el Ejecutivo, que indica que es la Subdirección General de la Oficialía Mayor la que se encarga de las cuestiones de seguridad, vigilancia y conservación de los edificios públicos.

De esta manera, el Gobierno da carpetazo al asunto e intenta no seguir aireando un asunto que utilizó durante días en propio beneficio, pero del que ahora prefiere guardar el más escrupuloso de los silencios.