Sánchez comienza a tapar los indultos con la tierra del Valle de los Caídos

La maquinaria de Moncloa sigue su curso y cuando no han pasado ni 24 horas de que los secesionistas indultados salieran de la cárcel ya se afanan en buscar otro tema con el que enterrar una medida de gracia que ha enfadado a la opinión pública y que está teniendo un alto coste para Sánchez. Y como, no Franco, el franquismo y el Valle de los Caídos siempre son el recurso fácil. Y es que, el Gobierno quiere acabar cuanto antes con el bochorno de los indultos y dar paso a un nueva etapa en la que su agenda ideológica se imponga, para recuperar para la causa a esos votantes socialistas que han huido despavoridos ante la medida de gracia.

Así, este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo sorprendía publicando un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha concedido la licencia necesaria para iniciar las exhumaciones en el Valle de los Caídos.

"Próximamente comenzarán los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura reclamadas por sus familias", aseguraba Calvo en su mensaje, para incidir en que "es de justicia que puedan recuperar su dignidad".

El Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, solicitó el pasado mes de abril en el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial la solicitud de licencia urbanística para poder iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

Esa solicitud se presentó después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de marzo un Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para regular la concesión de una subvención de 665.000 euros para la financiación de estos trabajos.

El proyecto incluye las obras necesarias para el acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas. Además, la actuación contempla la adopción de medidas de seguridad y salud; la retirada o desmontaje de cerramientos, instalaciones y enseres para los accesos a las criptas; la realización de dichos accesos; la adecuación de instalaciones de iluminación y seguridad, y la adopción de medidas que garanticen la seguridad estructural para la inspección interior de cada una de las criptas.

La complejidad de los trabajos

De hecho, la complejidad de los trabajos ya se puso de manifiesto hace años, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó hacer lo mismo. Fue entonces, el vicepresidente del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba el que anunció en el Congreso que sería "prácticamente imposible" identificar los restos de las personas 33.000 personas enterradas en la basílica del Valle de los Caídos, según un informe forense del Ministerio de Justicia.

Rubalcaba explicó que la basílica de Cuelgamuros yacen en columbarios individuales y colectivos los restos de víctimas de "uno y otro lado" en la Guerra Civil, y que sería "será prácticamente imposible" llevar a cabo la exhumación e identificación de los cuerpos.

La ley ataca la libertad de expresión

Sin embargo, el Gobierno está decidido a hacerlo y qué mejor que este momento para iniciar unos trabajos que hagan olvidar los indultos. Además, Calvo sigue con su apuesta decidida de aprobar cuanto antes su Ley de Memoria Democrática pese a las críticas mostradas por el CGPJ, que consideran que atenta contra la libertad de expresión.

Además, la situación legal del Valle de los Caídos es otro de los problemas que encara la norma, según pusieron de manifiesto los magistrados, ya que en el texto legal "no entra a valorar los incumplimientos que conlleva de los Acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de tratado internacional en nuestro ordenamiento jurídico".

"No se puede declarar que un cementerio en el interior de una basílica, creada con todos los requisitos canónicos, se transforme en cementerio civil. Además, una basílica no puede dejar de serlo sin cumplir los requisitos canónicos, y menos aún por declaración legal y unilateral, pues ello sí constituiría una vulneración de la inviolabilidad de un lugar de culto", han advertido.

Pese a ello, Calvo defendió en el Congreso de los Diputados que el Gobierno "no comparte y no va a compartir" las opiniones del CGPJ y mantiene su apuesta decidida a aprobar una de sus leyes con un mayor perfil ideológico que, de nuevo, sirva para aglutinar al electorado de izquierdas más descontento con Sánchez.