El PP acorrala a Marlaska por el apartheid sanitario a sus policías en Cataluña

Una de las vendettas que se ha cobrado el independentismo gobernante en Cataluña contra los policías y guardias civiles que formaron parte del operativo contra el golpe de Estado del 1-O ha sido la de poner a los agentes destinados actualmente en esta región los últimos en la fila en las listas de vacunación contra el virus COVID-19.

Desde la Generalitat se dio orden de vacunar, incluso, primero a presos de las cárceles catalanas que a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Benemérita. Unos hechos que ya está en manos de la Justicia.A principios de este mes de junio, un juez ordenó investigar al Ejecutivo presidido por Pere Aragonès por dejar a un lado a los agentes dependientes del Ministerio del Interior en la estrategia de vacunación en Cataluña. La denuncia interpuesta por los sindicatos policiales considera que excluir a policías y guardias civiles podría llevar aparejado un delito de prevaricación y el magistrado quiere corroborar tal extremo.Lo más escandaloso de todo este asunto ha sido que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil, en un intento más de agradar al independentismo, ahora superado, sin duda alguna, con la concesión de los indultos a los condenados por el golpe del 1-O.Desde el Ejecutivo Central explicaron que sería el Ministerio de Sanidad el departamento encargado de la vacunación e incluso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, habló de que solo se debía a una "disfunción".También el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, defendió a los independentistas y justificó la intervención de Sanidad porque "nos dijeron que habían tenido unos problemas técnicos entre otras cosas por el cambio de criterios de vacunación y de utilización de las vacunas".

El PP quiere identificar a los "responsables" de esta "discriminación"

Por su parte, el Partido Popular quiere que la comisión de investigación sobre el proceso de vacunación que se acaba de constituir en la Cámara Baja busque quienes fueron los responsables de esta "discriminación". Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista en RNE.El Congreso acordó investigar la evolución del proceso de vacunación contra el Covid-19 el pasado 11 de marzo y el órgano encargado de hacerlo se ha constituido más de tres meses después pero, en cualquier caso, no empezará a trabajar hasta el próximo periodo de sesiones, que arranca en septiembre.Gamarra considera que, aunque para entonces ya estará vacunada gran parte de la población, esta comisión será útil porque "hay muchas cosas" en esta materia que hay que investigar.En este punto, ha citado la "discriminación" que, según ha denunciado, sufrieron los policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña y que les llevó a ser vacunados con mucho retraso con respecto a los agentes del resto de España.

"Se les discriminó y no se les vacunaba por parte de la administración competente. Una discriminación de este calado no se debería haber producido nunca. Hay que buscar a los responsables por acción y omisión", ha avisado la dirigente 'popular'.