Las tretas de Hacienda para llenar las arcas del Estado que Sánchez vacía
El Gobierno podrá imponer multas de hasta 600.000 euros para los contribuyentes que no accedan a su carpeta electrónica con cierta periodicidad para atender los requerimientos
El Gobierno necesita dinero. El elevado gasto del presupuesto pactado por el Ejecutivo de coalición junto a los independentistas necesita ser sufragado de forma inminente. Las arcas públicas tienen que llenarse y una de las formas que ha encontrado la Hacienda pública es multar a los contribuyentes que no abran su carpeta electrónica para atender a los requerimientos de la administración. Las sanciones ascenderían hasta los 600.000 euros en el caso de que los contribuyentes incluidos en el sistema obligatorio de notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria no accedan a su 'inbox' al menos cada diez días, tal y como ha fijado el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en una resolución, que ha adelantado Cinco Días.
En el caso de no hacerlo, la Administración puede considerar que se ha incurrido en "resistencia, obstrucción, excusa o negativa" a atender las obligaciones como contribuyente, sin que se tenga que demostrar la intención de evitar dicha notificación electrónica. Esto es, por el mero hecho de no acceder a la plataforma electrónica y al correo donde se envió la notificación, la Agencia Tributaria puede sancionarnos si no atendemos a sus requerimientos, porque considera que ha sido "debidamente notificado" y es obligación del contribuyente abrir el buzón.
No atender algún requerimiento "debidamente notificado" es una infracción grave y las multas irán desde los 150 euros hasta los 600.000 euros
La resolución tiene como base el artículo 203 de la ley tributaria que considera que no atender algún requerimiento "debidamente notificado" es una infracción grave y establece un sistema de multas que van, dependiendo de la información solicitada, desde los 150 euros hasta los 600.000 euros o un tanto por ciento de la cifra de negocios del infractor en el año natural a aquel en el que se produjo el incumplimiento.El TEAC enmienda así la doctrina dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid que había anulado una sanción de 10.000 euros a una empresa por este motivo. La compañía no abrió las notificaciones enviadas a su dirección electrónica y el organismo concluyó que no podía castigarse al contribuyente porque este no había tenido "conocimiento real" de los requerimientos desatendidos.
Consideran rechazada la notificación
Sin embargo, ahora el TEAC ha modificado su criterio ya que basta con que el contribuyente haya sido informado de su inclusión en el sistema obligatorio de notificaciones electrónicas y debidamente notificado, para que la Administración considere que es su deber abrir dicho buzón.De hecho, sentencia que "habiéndose entendido rechazada la notificación de un requerimiento de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos, puede concurrir el elemento subjetivo necesario a efectos de imponer la sanción por la infracción tipificada".De esta manera, se abre una puerta a que los contribuyentes tengan que pagar cuatiosas multas solo por el hecho de no abrir el correo electrónico en tiempo y forma. Una nueva forma de seguir haciendo 'caja', para que los ciudadanos sufraguen el elevado gasto de un Gobierno mastodóntico.
El PSOE vetará bajar el IVA de las peluquerías
Además, una prueba más de que las arcas públicas necesitan llenarse ha sido la resistencia a bajar el IVA de la electricidad. Una medida solicitada una y otra vez y que solo ha sido implantada tras una presión social continua.De hecho, una prueba de que solo la presión popular ha podido obligar al Gobierno, es que en otro caso no ha sido posible. El de las peluquerías. El PSOE impedirá que la rebaja del IVA a los centros de belleza y estética salga adelante en el Congreso después de que el Senado le diera luz verde.La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dejó claro que reducir el tipo impositivo, afectaría "a la política de ingresos" y por tanto a las competencias propias del Gobierno, pero el trasfondo del asunto no es más que la necesidad de llenar de dinero unas arcas que solo sobrevivirán gracias a la inyección de solvencia que llega de Europa.