El Tribunal de Cuentas embargará bienes a los cabecillas del procés si no pagan
El propio órgano fiscalizador será el encargado de ejecutar la sanción si no entregan motu proprio 5,42 millones de euros por la malversación cometida para "promoción internacional".
El abogado que coordina la defensa de Puigdemont, Gonzalo Boye.
No habrá indulto económico para los sediciosos catalanes. El Tribunal de Cuentas ha notificado a una cuarentena de ex altos cargos independentistas, durante el Gobierno de Carles Puigdemont, depositar 5,42 millones de euros bajo pena de embargo de todos sus bienes. Así lo han confirmado a ESdiario fuentes próximas a la instructora de la causa administrativa, Esperanza García.
El órgano fiscalizador ha comunicado formalmente a los abogados de los ex presidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont, y a los ex consejeros Oriol Junqueras y Raul Romeva, entre otros, su obligación legal de consignar el importe estimado en concepto de malversación.
Esto es, todos ellos deberán devolver el dinero público ilegalmente utilizado en la red exterior de embajadas -Diplocat- para cumplir con la responsabilidad civil patrimonial asociada al delito de malversación por el que fueron condenados por el Supremo.
Entre 2011 y 2017
Las irregularidades contables por los fondos utilizados por la Generalitat entre los años 2011-2017, ascienden a una cuantía épica. La mayor sanción impuesta hasta la fecha por el Tribunal de Cuentas a los separatistas catalanes.
No en vano, Artur Mas y su equipo tuvieron que reembolsar más de 5 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N, en 2014; y, el prófugo Puigdemont junto a sus colaboradores debieron ingresar un total de 4,1 millones más por el referéndum inconstitucional del 1-O, celebrado en 2017.
Al acta de liquidación provisional que se ha entregado hoy a todos los acusados en la instrucción económica del Tribunal de Cuentas asciende, por tanto, a 5,15 millones de euros a los que deberán sumarse más de 300.000 adicionales en concepto de intereses legales.
De este modo, la medida de gracia con la que el Ejecutivo puso en libertad a los líderes del procés, y pese a las presiones políticas de los últimos días sobre el propio órgano, no ha evitado que los sediciosos tengan que responder por el mal uso de los fondos públicos empleados en el tour internacional preparatorio de la declaración unilateral de independencia que activaron el 1 de octubre de 2107.
El propio órgano fiscalizador será el encargado de ejecutar estos ingresos, o de embargar los bienes propiedad de los procesados si estos no los atienden voluntariamente y en plazo, ya que durante el juicio penal ante el Supremo tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se reservaron el ejercicio de la acción civil en el Tribunal de Cuentas. Tal y como avanzó este periódico las pesquisas de los expedientes abiertos han elevado las sumas requeridas, en total, hasta los 10 millones de euros.